Un total de 11.436 personas residentes en centros de Castilla y León cuentan con algún problema de audición, lo que supone el 26,% del total de usuarios que presentan algún tipo de discapacidad (42.960), según los datos procedentes de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de Dependencia realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y referentes al 2023, últimos conocidos, y recogidos por la Agencia Ical.
En cifras absolutas, en el conjunto del país había un total de 357.894 personas residentes en diferentes tipos de centros con alguna discapacidad en el año 2023, lo que supuso el 94,7% de las personas que viven en estos espacios, de las que 86.315 presentan problemas de audición, siendo predominante entre las mujeres, con el 70,3% (60.751).
Así, Castilla y León se posiciona en tercer lugar en el conjunto del país, con 11.463 residentes con problemas auditivos reconocidos, solo superada por Cataluña (13.530) y Madrid (12.344). Tras ellas, aunque con gran diferencia, se encuentra Castilla-La Mancha, con 7.633, Andalucía, con 6.953, Aragón, 5.974, Galicia, con 4.744, Comunidad Valenciana, con 4.545, País Vasco, con 4.224, Extremadura, con 3.389, y Asturias, con 3.886. Por debajo de esas cifras y en las últimas posiciones, Navarra (2.190), Canarias (1.650), Cantabria (1.397), Baleares (1.082), Murcia (918) y La Rioja (227).
La tendencia estatal se reproduce, igualmente, en la comunidad, dado que, del total de 11.436 residentes en centros con discapacidad auditiva, 7.901 hacen referencia a mujeres (69,08%) y 3.535 a hombres (30,91%).
La «falta de apoyos y recursos adatados» provoca que estas personas sufran un «aislamiento mayor», dado que la falta de contacto social e información «genera deterioros cognitivos difícilmente recuperables», razón por la que cree necesario «trabajar entre todos dar respuesta a estas necesidades». «Todos podemos adquirir la pérdida auditiva en algún momento de nuestra vida por lo que la implantación de estas medidas nos facilitará la vida si llegase ese momento», advierte.
«Invisible»
La discapacidad auditiva es una «invisible». «Si nos cruzásemos por la calle, no sabrías que soy sorda salvo que me vieras un audífono o un implante coclear. No se conoce bien qué ocurre cuando en la familia alguien tiene una pérdida auditiva», asegura Galván, además de criticar que existan muchos mitos sobre las personas sordas y la lengua de signos, que «afectan a la visión que la sociedad en general tiene del colectivo».
Reconoce que es posible que la percepción de la sordera en relación con otras discapacidades sea considerada como un problema menor, pero eso es debido a que se «obvia» toda la información que llega a través de la audición, porque se modifica el acceso a la cultura o la formación, entre otras cuestiones.
También explicó que limitan las relaciones sociales, ya que existen casos de personas que «se aíslan porque no pueden mantener una conversación», por lo que el sentimiento de soledad y de aislamiento «puede derivar en depresiones y ansiedad». «Somos seres sociales y necesitamos la interacción con otras personas», remarca.
Colectivo heterogéneo
Con motivo de la celebración Día Mundial de la Audición, que se celebra este lunes, desde la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León, entidad sin ánimo de lucro fundada en 1982 y formada por diez asociaciones de personas sordas, pone énfasis en la importancia de los reconocimientos médicos, ya que la población en general no se realiza audiometrías periódicamente. «Debemos recordar que a lo largo de la vida se pierde audición y que el uso de cascos, poner la música muy alta o estar cerca de un amplificador puede ocasionarnos perdidas auditivas».
A ese respecto, su presidenta, María Rosa Galván, subraya a Ical que existen varios parámetros en los que es necesario fijarse para conocer cuáles son las características de la persona sorda, ya que el colectivo es «muy heterogéneo», por lo puede darse el caso de que una persona tenga pérdida auditiva, pero que no se considere que llega al 33% de discapacidad, porque la valoración para obtener el certificado de discapacidad no sólo valora la parte médica, comenta.
Gracias a las administraciones públicas, como la Gerencia de Servicios Sociales y ayuntamientos como el de Valladolid o diputaciones, como la de León, se cubre el servicio de interpretación de lengua de signos para gestiones de vida diaria. Ahora bien, cuando no hay disponibilidad de intérprete o durante los fines de semana, en urgencias médicas o ante accidentes, las personas con esta discapacidad tienen que «intentar comunicarse de manera deficitaria o tener que pedir favores a familiares y amigos oyentes», lo que implica la «falta de autonomía y de confidencialidad».
En lo relativo a las ayudas técnicas (implantes o audífonos), así como los aparatos adaptados mediante luz o vibración, afirma que suelen ser de coste elevado y «apenas hay ayudas para hacer frente a estos gastos». «La cartera de ortoprotésicos cubre algunas ayudas técnicas hasta los 26 años, pero qué pasa a partir de esa edad», se pregunta. Es por ello que puntualiza que es necesario tener en cuenta que estos productos son «delicados, no son baratos y requieren de otros componentes que no están cubiertos».
