Preguntas frecuentes

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (en adelante Ley de Dependencia o LAAD), publicada en el BOE de 15 de diciembre, regula las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), en el que colaboran y participan todas aquellas Administraciones Públicas con competencias en la materia. Las siguientes preguntas, estructuradas a partir de 9 enunciados, se centran exclusivamente en aquellas cuestiones que pueden resultar de utilidad a las personas interesadas en solicitar tanto el reconocimiento y valoración de situaciones de dependencia como el derecho a las distintas prestaciones y servicios contemplados por el Sistema. Además en cada pregunta se hace referencia al articulo o artículos aplicables de la Ley de Dependencia cuyo texto, igualmente puede ser consultado o descargado. No obstante aquellos ciudadanos que quieran informarse sobre la puesta en marcha de la Ley disponen de un Servicio de atención telefónica en el número 900 40 60 80.

¿Cómo y dónde puedo solicitar el reconocimiento de discapacidad?

Concepto

Consiste en la solicitud de valoración de las situaciones de discapacidad que presente una persona de cualquier edad, calificando el grado según el alcance de las mismas. El reconocimiento de grado de discapacidad se entenderá producido desde la fecha de solicitud.

¿Cuándo solicitarlo?

Durante todo el año.

¿A qué puede dar derecho el reconocimiento?

El reconocimiento del tipo y grado de discapacidad puede dar derecho, entre otras, a las siguientes medidas de protección social:

  • Pensión no contributiva por invalidez
  • Prestación familiar por hijo a cargo
  • Orientación para ingreso en Centros
  • Tratamientos
  • Tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad
  • Bonotaxi
  • Solicitud de ayudas públicas
  • Reducciones en medios de transporte
  • Otras ayudas y servicios para el colectivo de personas con discapacidad que se contemplen en los organismos competentes en materia de Servicios Sociales ya sean autonómicos, municipales o estatales.
  • Beneficios fiscales:
    • Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)
    • Impuesto sobre sociedades (IS)
    • Impuesto sobre sucesiones y donaciones
    • Impuesto sobre el valor añadido (IVA)
    • Impuesto especial sobre determinados medios de trasporte (IEDMT)
    • Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

¿Dónde dirigirse?

La solicitud, así como cualquier otra documentación que pudiera ser exigida, podrá presentarse personalmente o por correo en cualquiera de las  oficinas de registro establecidas a tal efecto por los Organos Gestores de las Comunidades Autónomas con competencia en la gestión y Direcciones Provinciales del Imserso en el caso de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, así como en los Servicios Centrales de esta Entidad Gestora de la Seguridad Social. Además podrá presentarse a través de cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 (BOE nº 285, de 27 de noviembre) y su posterior desarrollo contemplado en el artículo 2 del Real Decreto 772/1999, de 7 de Mayo. Centros de Valoración y Orientación

¿Qué se debe presentar?

  • Impreso de solicitud debidamente cumplimentado

Se detallan a continuación los documentos originales o fotocopias compulsadas que deben acompañar a la solicitud:

  • DNI del interesado o, en su defecto, fotocopia del Libro de Familia.
  • En su caso, DNI del representante legal y documento acreditativo de la representación legal.
  • Todos los informes médicos y psicológicos que posea y donde consten las secuelas tras la aplicación de medidas terapéuticas (Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, BOE de 26 de enero de 2000).
  • En caso de no tener nacionalidad española, tarjeta de residente.
  • En caso de revisión por agravamiento: informes que acrediten dicho agravamiento.

¿Cómo solicitarlo?

Trámites

  • Presentación de la solicitud y documentación exigida.
  • Reconocimiento por el Equipo del Centro de Valoración y Orientación.
  • Información sobre el estado de tramitación de los expedientes
  • Resolución.

Recursos que proceden contra la Resolución Contra las resoluciones definitivas los interesados podrán interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional social, de conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE del 11 de abril).

Normativa

Centros de Referencia Estatal

Los Centros de Referencia Estatal (CRE), unos en funcionamiento y otros en proyecto o en construcción, responden a la necesaria calidad de los Servicios Sociales para atender a las personas en situación de dependencia y sus familias.

Centros de Promoción de la Autonomía Personal (CAP/CRMF)

Los Centros de Promoción de la Autonomía Personal (CAP/CRMF) son centros de ámbito estatal que partiendo de un enfoque integrado de la rehabilitación prestan un conjunto de servicios recuperadores de contenido médico-funcional, psico-social y de orientación y formación profesional ocupacional para personas con discapacidad física o sensorial en edad laboral. Dichos servicios se ofrecen en régimen de internado, media pensión o ambulatorio, de acuerdo con las circunstancias personales y necesidades e intereses de las personas beneficiarias.

Centros de Atención y Referencia para Personas con Dependencia (CAD/CAMF)

Los Centros de Atención y Referencia para Personas con Dependencia (CAD/CAMF) son centros de ámbito estatal destinados a la atención integral, en régimen de internado y media pensión de aquellas personas con discapacidad física que, careciendo de posibilidades razonables de recuperación profesional a consecuencia de la gravedad de su discapacidad, encuentran serias dificultades para conseguir una integración laboral y para ser atendidos en sus necesidades básicas de las actividades de la vida diaria en régimen familiar o domiciliario. El Imserso gestiona 5 CAD/CAMF con un total de 638 plazas, 560 de internado y 48 de media pensión. Se encuentran en Leganés (Madrid), Guadalajara, El Ferrol (A Coruña), Alcuéscar (Cáceres), Pozoblanco (Córdoba).

Centros para Personas Mayores

En este enlace puede ver información sobre los distintos tipos de Centros para Personas Mayores

Centros para Personas con Discapacidad

Los Centros para Personas con Discapacidad son Centros de ámbito provincial en los que se desarrolla, fundamentalmente, un programa de atención básica a personas con discapacidad, consistente en la prestación de servicios de información, diagnóstico, valoración y calificación de las personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, elaboración de programas individuales de recuperación y tratamientos básicos en régimen de ambulatorio. El Imserso cuenta con dod Centros Base de gestión directa, en concreto en Ceuta y en Melilla.

Centro de Intermediación Telefónica para personas sordas o con discapacidad auditiva y/o de fonación

El Centro de Intermediación Telefónica es un servicio promovido por la Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, mediante el que se facilita la comunicación telefónica entre personas sordas o con discapacidades auditivas y/o en el habla, que son usuarias de teléfonos de texto, de teléfonos móviles, fax o videoconferencia, con personas oyentes que utilizan teléfonos convencionales.

Naturaleza y contenido

Estas prestaciones se dirigen a personas con minusvalía que por no desarrollar una actividad laboral, no están incluidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social, configurándose como prestaciones de derecho y compatibles entre sí; en concreto:

  • Asistencia Sanitaria y Prestación Farmacéutica (ASPF).
  • Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos (SGIM).
  • Subsidio por Ayuda de Tercera Persona (SATP).
  • Subsidio de Movilidad y Compensación por Gastos de Transporte (SMGT).

En la actualidad, sólo pueden solicitarse el SMGT y la ASPF, ya que la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que establecen en la Seguridad Social Prestaciones no Contributivas, suprimió los subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos (SGIM) y por Ayuda de Tercera Persona (SATP), si bien sus beneficiarios pueden continuar con el percibo de los mismos salvo que opten por pasar a una prestación no contributiva.

Normativa reguladora básica

La normativa reguladora básica de estas prestaciones se recoge en las siguientes disposiciones:

Financiación e importe

Las Prestaciones de la LISMI se financian con cargo a las correspondientes aportaciones del Presupuesto del Estado en el Presupuesto de la Seguridad Social (Imserso), excepto para Navarra y el País Vasco, cuyos Gobiernos financian directamente las mismas. La cuantía de los subsidios se fija anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, si bien la del SGIM y el SATP no ha experimentado revalorización alguno desde 1991. Las cuantías mensuales en 2004 son las siguientes:

  • SGIM 149,86 € mensuales; 14 pagas anuales
  • SATP 58,45 € mensuales; 14 pagas anuales
  • SMGT 42,96 € mensuales 12 pagas anuales

Modalidades de gestión

Si bien las competencias sobre la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social son competencia del Estado, la gestión de las Prestaciones de la LISMI, en virtud de los Reales Decretos de Transferencias y los Convenios de Colaboración suscritos, se ejercita por los Órganos Gestores competentes de las distintas Comunidades Autónomas que conforman el Estado Español; la gestión en los Territorios Históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa compete a sus Diputaciones Forales, y a las Direcciones Provinciales del Imserso en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. El Imserso, como Entidad Gestora de la Seguridad Social, se reserva, no obstante, el seguimiento de los pagos en el ámbito estatal, así como de los datos referidos a la evolución de la gestión y beneficiarios en nómina. A continuación se detallan los requisitos exigidos para el acceso a estas prestaciones, tanto de los vigentes Subsidio de Movilidad y Compensación para Gastos de Transporte (SMGT) y Asistencia Sanitaria y Prestación Farmacéutica, como de los suprimidos subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos (SGIM) y por Ayuda de Tercera Persona (SATP).

Requisitos de las distintas prestaciones (tanto de las vigentes como de las suprimidas)

ASISTENCIA SANITARIA Y PRESTACIÓN FARMACÉUTICA (ASPF)

El sistema establecido por la LISMI prevé la Asistencia Sanitaria y Farmacéutica para personas con minusvalía (ASPF), que tiene por objeto la prestación de los servicios conducentes a conservar y restablecer la salud de los beneficiarios, y se aplica con idéntica extensión que la asistencia sanitaria y farmacéutica por enfermedad común, accidente no laboral y maternidad del Régimen General de la Seguridad Social. Para acceder a esta prestación no se exige un determinado nivel de recursos. Esta ayuda es únicamente para la persona con discapacidad a quien se le conceda y, por tanto, no puede extenderse en ningún caso a los familiares. La prestación farmacéutica incluye la dispensación gratuita de medicamentos para los beneficiarios

  • Requisitos
  • Ser español y tener la residencia en España.
  • Estar afectado por una disminución física, psíquica o sensorial, de la que se derive una minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento.
  • No ser beneficiario, o no tener derecho, por edad o por cualquier otra circunstancia, a Prestación de Asistencia Sanitaria y Farmacéutica a través de un Organismo público.
  • No tener derecho, por cualquier título obligatorio o como mejora voluntaria, sea como titulares o como beneficiarios a las prestaciones de asistencia sanitaria, incluida la farmacéutica, del régimen general o regímenes especiales de la Seguridad Social.

Datos básicos a declarar en el impreso de solicitud:

  • Identificación de los convivientes.
  • Representante legal, en su caso.
  • Características de la minusvalía.

Documentos preceptivos a aportar con la solicitud:

  • DNI del solicitante
  • DNI del representante legal, en su caso.

Presentación de Solicitudes

Las solicitudes pueden presentarse en las distintas delegaciones territoriales de asuntos sociales o asimiladas de los Órganos Gestores de las Comunidades Autónomas, Diputaciones Forales vascas y Direcciones Provinciales del Imserso de Ceuta y Melilla.

SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE (SMGT)

Es una prestación económica de carácter periódico, destinada a que las personas con discapacidad puedan atender los gastos extraordinarios originados por desplazamientos fuera de su domicilio habitual en medios de transporte no colectivos. Su importe se revisa anualmente en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado; su percibo es compatible, en su caso, con el disfrute de una prestación de naturaleza no contributiva.

Requisitos:

  • Ser español y residente en territorio español.
  • Ser mayor de 3 años.
  • Estar afectado por una disminución física, psíquica o sensorial, de la que se derive una minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento.
  • No estar comprendido en el campo de aplicación del Sistema de la Seguridad Social por no desarrollar actividad laboral.
  • No ser beneficiario o no tener derecho, por edad o por cualesquiera otras circunstancias a prestación o ayuda de análoga naturaleza y finalidad y, en su caso, de igual o superior cuantía otorgada por otro organismo público.
  • No superar los ingresos familiares del solicitante el 70 por ciento del salario mínimo interprofesional (SMI), con un 10 por ciento adicional por cada miembro de la familia distinto del propio minusválido, hasta un máximo del 100 por ciento del SMI.
  • No encontrarse por razón de su estado de salud u otras causas imposibilitado para efectuar desplazamientos fuera de su domicilio habitual.
  • Si se encuentra atendido en Centro en régimen de internado, sus desplazamientos fuera del mismo han de alcanzar como mínimo 10 fines de semana al año.

Datos básicos a declarar en el impreso de solicitud:

  • Características de la minusvalía.
  • Régimen de atención que recibe en Centro, en su caso.
  • Recursos económicos del solicitante.
  • Composición y recursos económicos de la unidad familiar.
  • Representante legal, en su caso.
  • Datos bancarios.

Documentos preceptivos a aportar con la solicitud:

  • DNI del solicitante.
  • DNI del representante legal, en su caso.

Presentación de Solicitudes

Las solicitudes pueden presentarse en las distintas delegaciones territoriales de asuntos sociales o asimiladas de los Órganos Gestores de las Comunidades Autónomas, Diputaciones Forales vascas y Direcciones Provinciales del Imserso de Ceuta y Melilla

SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS (SGIM)

(Suprimido por la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas)

Concepto y naturaleza

El SGIM consiste en una prestación económica de carácter periódico, destinada a subvenir a las necesidades básicas, tales como alimentación, vestido y habitación de quienes, careciendo de los medios necesarios para su subsistencia, no estén en condiciones, por razón del grado de su minusvalía, de obtenerlos. Este subsidio quedó suprimido por la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social Prestaciones no Contributivas, aunque sus beneficiarios pueden continuar en su percibo salvo que opten por percibir una prestación no contributiva. Asimismo, y en virtud de la Ley 3/1997, de 24 de marzo, cuando los beneficiarios de este Subsidio sean contratados por cuenta ajena o se establezcan por cuenta propia y con posterioridad se les extinga el contrato o dejen de desarrollar la actividad laboral, podrán recuperar automáticamente el derecho al SGIM. Señalar que la cuantía de esta prestación económica de carácter periódico, que conlleva dos pagas extraordinarias del mismo importe, no ha experimentado revalorización alguna desde 1991.

Requisitos:

  • Ser español y residir en España
  • No ser beneficiario o no tener derecho por edad o cualesquiera otras circunstancias a prestación o ayuda de análoga naturaleza o finalidad, de igual o superior cuantía, otorgada por otro organismo público.
  • No estar comprendido en el campo de aplicación del Sistema de la Seguridad Social, por no desarrollar una actividad laboral
  • Tener 18 o más años
  • Tener unos recursos económicos personales no superiores al 70% del salario mínimo interprofesional (SMI) vigente, incrementándose un 10% por cada persona a su cargo hasta el 100% del SMI.
  • Hallarse afectado por una minusvalía física, psíquica o sensorial, en un grado igual o superior al 65%
  • Hallarse imposibilitado de obtener un empleo adecuado por causa de su minusvalía

SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA (SATP)

(Suprimido por la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas) El SATP consiste en una prestación económica, de carácter periódico, destinada a aquellas personas afectadas por una minusvalía que, a consecuencia de pérdidas, anatómicas o funcionales, necesiten, a juicio del equipo multiprofesional, la asistencia de otra persona para realizar actos esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos. Este subsidio quedó suprimido por la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social Prestaciones no Contributivas, aunque sus beneficiarios pueden continuar en su percibo salvo que opten por percibir una prestación no contributiva. Señalar que la cuantía de esta prestación económica de carácter periódico, que conlleva dos pagas extraordinarias del mismo importe, no ha experimentado revalorización alguna desde 1991.

Dónde solicitar prestaciones sociales y económicas de la LISMI

Las direcciones y teléfonos de información de las Comunidades Autónomas y Direcciones Provinciales del Imserso se detallan a continuación:

ESPAÑA

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

ISLAS BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA LA-MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

CEUTA

EXTREMADURA

GALICIA

LA RIOJA

MADRID

MELILLA

REGIÓN DE MURCIA

NAVARRA

PAÍS VASCO

VALENCIA

Tramitación de la solicitud

Normas y procedimientos de solicitud de la Tarjeta Europea de Estacionamiento en las comunidades autónomas

Concepto y características

Se trata de un documento acreditativo de la persona con certificado de minusvalía que, además, presenta movilidad reducida o conductas agresivas o molestas de difícil control que dificulten la utilización de medios normalizados de transporte, razón por la que le es necesario disfrutar de unos derechos especiales en materia de circulación y estacionamiento de vehículos.

La tarjeta y su señal distintiva, colocada en lugar visible, permite que los vehículos ocupados por su titular puedan aparcar en los espacios reservados a tal efecto y disfrutar de las ventajas que sobre estacionamiento y aparcamiento establezcan los ayuntamientos a favor de las personas con discapacidad.

El Imserso ha continuado con las actuaciones dirigidas a apoyar, promover e impulsar la puesta en funcionamiento de la Tarjeta Europea de Estacionamiento para Personas con Discapacidad, de acuerdo con la iniciativa del Consejo de Europa del año 1998.

En razón de la distribución de competencias que existe entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de accesibilidad, corresponde a estas últimas llevar a cabo las actuaciones necesarias para hacer efectiva esta iniciativa europea, regular el modelo concreto de tarjeta, que debe acomodarse al diseño aprobado por la Unión Europea, determinar las formas de emisión y de acceso a la misma, así como establecer las medidas oportunas para que las tarjetas de estacionamiento emitidas en otros ámbitos territoriales del Estado Español y en otros países de la Unión Europea tengan plena efectividad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de que se trate. No obstante, puede afirmarse que en la actualidad la tarjeta prácticamente se ha generalizado en todo el territorio del Estado.

Entre las características generales de la tarjeta destacan las siguientes:

  • Es personal e intransferible.
  • Puede ser utilizada por su titular en cualquier vehículo en que se traslade, sea o no de su propiedad, y sea trasportado en el vehículo o este sea conducido por él.
  • Debe exhibirse en el salpicadero, de forma que el anverso sea claramente visible desde el exterior.
  • Su uso indebido puede ser sancionado por los Ayuntamientos, que pueden contemplar hasta la retirada de la misma.

Normativa

Beneficiarios y requisitos

Solicitudes y procedimiento

Según contempla la Disposición Adicional cuarta de la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo: “Los Municipios en el ejercicio de las competencias que les atribuye el artículo 7 de esta norma y en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 13/1982, de 7 de Abril, durante el año siguiente a la entrada en vigor de esta Ley, deberán adoptar las medidas necesarias para la concesión de la tarjeta de aparcamiento para personas discapacitadas con problemas graves de movilidad y para la efectividad de los derechos que de la misma derivan, teniendo en cuenta la Recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre la creación de una tarjeta de estacionamiento para las personas con discapacidad.

Los Municipios expedirán las tarjetas de aparcamiento especial para minusválidos según el modelo determinado reglamentariamente, y tendrán validez en todo el territorio nacional.

Las tarjetas expedidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta disposición normativa podrán seguir usándose hasta su sustitución.

La concesión corresponde, según los casos, al Municipio donde resida la persona interesada o a las Delegaciones Provinciales de las Consejerías de Asuntos Sociales o unidades asimiladas.

Documentos a presentar

  • Solicitud, debidamente cumplimentada según modelo oficial facilitado por el Ayuntamiento de residencia del interesado o Unidad administrativa competente.
  • Fotocopia del DNI del solicitante o de su representante legal y acreditación de dicha condición de representante.
  • Dos fotografías en color, tamaño carnet.
  • Certificado del Equipo de Valoración y Orientación relativo al grado de minusvalía y dificultad para utilizar medios de transporte y plazo de revisión de grado, en su caso.

¿Qué se entiende por patrimonio protegido?

Es un instrumento jurídico de gran interés para personas con una grave discapacidad física o sensorial y para las personas con discapacidad intelectual. La finalidad de la Ley de Patrimonio Protegido es permitir la designación de unos bienes precisos (dinero, inmuebles, derechos, títulos, etc.) para que con ellos, y con los beneficios que se deriven de su administración, se haga frente a las necesidades vitales ordinarias y extraordinarias de la persona con discapacidad.

De esta forma, los padres, sin tener que efectuar una donación (que tiene un mayor coste fiscal), ni una venta, y sin tener que esperar a trasmitir los bienes por disposición hereditaria, pueden vincular determinados bienes a la satisfacción de las necesidades vitales de la persona con discapacidad.

Se trata de un patrimonio de destino, es decir, una masa patrimonial afectada expresamente a la satisfacción de las necesidades vitales de la persona con discapacidad en cuyo interés se constituya. Los bienes y derechos que forman este patrimonio, que no tiene personalidad jurídica propia, se aíslan del patrimonio personal del titular-beneficiario y quedan sometidos a un régimen de administración específico.

¿A quién es aplicable la ley del Patrimonio Protegido?

  • Personas con discapacidad intelectual igual o superior al 33 por ciento.
  • Personas con discapacidad física o sensorial igual o superior al 65 por ciento.

Cuando se trata de personas con discapacidad intelectual no se requiere que ésta haya sido reconocida judicialmente. En principio basta con el certificado emitido por los Equipos de Valoración y Orientación (R.D. 1971/1999), aunque es igualmente válida una resolución judicial firme. Basta con poseer un certificado acreditativo de una discapacidad igual o superior al 33% ó 65% dependiendo del tipo de discapacidad, expedido reglamentariamente o por resolución judicial firme.

¿Qué derechos reconoce la ley a la persona con discapacidad?

Siempre que la persona con discapacidad tenga capacidad de obrar suficiente (facultad para enjuiciar razonablemente el alcance y significado de sus actuaciones y responder por sus consecuencias), podrá decidir sobre las siguientes cuestiones:

  • Constituir o no su patrimonio protegido.
  • Ser el administrador del patrimonio o designar a otra persona para dicha función.
  • Recibir aportaciones de terceros o negarse a ello.
  • Adoptar, en previsión de una incapacitación judicial en el futuro (artículo 200 del Código Civil), cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor.

Siempre que tenga capacidad de obrar suficiente -aunque no sea plena-,la persona con discapacidad tendrá derecho a decidir todo lo concerniente a su persona y a su patrimonio.

 

¿Qué derechos reconoce la ley a los padres o tutores?

Cuando la persona con discapacidad no tiene capacidad de obrar suficiente, corresponde a sus padres, tutores, curadores o guardadores de hecho tomar aquellas decisiones que la Ley reconoce a la persona con discapacidad:

  • Constituir el patrimonio protegido.
  • Ser administrador de dicho patrimonio o designar a un tercero para dicha función. Quien resulte administrador tendrá asimismo la representación legal referida exclusivamente a todos los actos de administración.
  • Dar consentimiento para constituir el patrimonio protegido o recibir aportaciones, o negarse a ello. En este último supuesto deberá ser por causa justificada y resuelto por el juez.

Los padres, tutores, curadores o guardadores de hecho son quienes deben tomar la determinación de constituir el Patrimonio Protegido cuando la persona con discapacidad no tiene capacidad de obrar suficiente, según resolución judicial.

 

¿Qué papel pueden desempeñar los terceros?

No es infrecuente que una determinada persona tenga un estrecho vínculo afectivo con la persona con discapacidad pero carece de un vínculo legal que le permita iniciar acciones que puedan beneficiarle.

Como el Patrimonio Protegido es un régimen diseñado exclusivamente para beneficiar a las personas con discapacidad, la Ley permite la intervención de terceros que quieran velar por los intereses de dichas personas.

De este modo, cualquier persona con interés legítimo podrá solicitar de la persona con discapacidad o, en caso de que no tenga capacidad de obrar suficiente, de sus padres, tutores o curadores, la constitución de un Patrimonio Protegido, ofreciendo al mismo tiempo una aportación de bienes y derechos adecuados suficientes para ese fin.

Asimismo también cualquier persona con interés legítimo podrá aportar bienes o derechos al Patrimonio Protegido ya constituido. Dichas aportaciones deberán realizarse siempre a título gratuito y no podrán condicionarse en el tiempo.

Cualquier persona, aunque no sea uno de los padres, tutor, curador o guardador de hecho, puede solicitar la constitución de un Patrimonio Protegido, o aportar bienes o derechos al mismo.

¿Qué bienes pueden integrar el patrimonio protegido?

El patrimonio se forma mediante aportaciones iniciales y posteriores de dinero, bienes, y derechos. La ley es muy amplia en este aspecto, y, por tanto, pueden aportarse cualquier tipo de bienes que puedan generar rendimientos económicos:

  • Dinero o depósitos en cuentas corrientes.
  • Seguros, rentas vitalicias, o cualquier otro producto bancario que ofrezca una renta o unos rendimientos establecidos en su contratación.
  • Fincas urbanas o rústicas.
  • Usufructo sobre inmuebles, derechos de hipoteca…
  • Títulos, acciones, emisiones de deuda pública, obligaciones, etc.
  • Otros bienes que pueden generar rendimientos patrimoniales, por ejemplo: obras de arte, joyas, etc.

La ley permite la aportación de todo tipo de bienes para la constitución del Patrimonio Protegido, adaptándose a las necesidades y situaciones particulares de cada persona.

¿Cómo se constituye el Patrimonio Protegido?

La constitución se efectúa en escritura pública ante notario por la persona o personas que la proponen. En la escritura se identifica al beneficiario, los bienes que inicialmente se aportan, y se establecen las reglas que deben aplicarse para su administración, indicando quiénes desempeñarán la administración cuando no puede ser efectuada por la propia persona con discapacidad.

Si se aportan bienes inmuebles, ha de anotarse en el Registro de la Propiedad su condición de integrantes de un patrimonio protegido.

Si la administración del patrimonio no corresponde ni al beneficiario, ni a sus padres, tutores o curadores, la representación legal del administrador debe constar en el Registro Civil.

Excepcionalmente, por resolución judicial se puede constituir un patrimonio protegido, cuando el juez considera que se ha rechazado infundadamente su constitución o la afectación de nuevos bienes o derechos. La constitución del Patrimonio Protegido es un proceso sencillo que se realiza ante notario.

¿Quién constituye el Patrimonio Protegido?

Pueden constituir el Patrimonio Protegido: La propia persona con discapacidad, los padres, tutores, curadores o guardadores de hecho y cualquier persona con interés legítimo.

Toda persona que tenga un interés legítimo y quiera proteger y beneficiar a una persona con discapacidad puede constituir un Patrimonio Protegido.

¿Quién y cómo administra el Patrimonio Protegido?

Cuando el constituyente es el propio beneficiario, es decir, la persona con discapacidad, se aplican las reglas de administración que consten en el título constitutivo. De este modo, el beneficiario puede nombrar y sustituir al administrador cuantas veces quiera, y establecer y modificar a su gusto las reglas sobre la gestión de su patrimonio. Cuando el constituyente es distinto del beneficiario, las reglas de administración deben prever la autorización judicial.

 

¿Cómo se extingue el Patrimonio Protegido?

El Patrimonio se extingue por el fallecimiento del beneficiario o porque éste deje de reunir la condición de persona con discapacidad. El juez puede acordar la extinción del Patrimonio Protegido cuando así convenga al interés de la persona con discapacidad.

La norma contempla la posibilidad de que los aportantes puedan recuperar sus bienes, o la parte proporcional de éstos no dispuesta, cuando se produzca la extinción. También los bienes pueden integrar la masa hereditaria del beneficiario del Patrimonio, cuando se produzca su fallecimiento.

El Patrimonio Protegido se extingue cuando el cambio de las circunstancias (extinción o disminución de la discapacidad, fallecimiento, o resolución judicial) implica que la continuación del régimen de protección no se justifica.

Tratamiento fiscal

Para el titular del Patrimonio:

La persona con discapacidad debe tributar por las aportaciones recibidas, dinerarias o no dinerarias, como rendimientos del trabajo, en la parte que exceda de dos veces el salario mínimo interprofesional.

La parte de las aportaciones que exceda de los máximos anuales (8.000 euros ó 24.250 euros, según el caso) no se considera rendimientos del trabajo y estará sujeta al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Para conservar los beneficios fiscales, los bienes aportados pueden gastarse para atender las necesidades del beneficiario,pero no transmitirse a tercero, en un plazo de cuatro años desde la aportación.

Para los aportantes:

Parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, cónyuge o tutor: reducción en la base imponible del I.R.P.F. de hasta 8.000 euros anuales, o de 24.250 euros anuales si aporta un grupo de personas. Contribuyente del Impuesto de Sociedades: podrá deducirse en la cuota íntegra el 10 por ciento de lo aportado (no podrá superar 8.000 euros anuales por persona con discapacidad)