El presente protocolo tiene como finalidad establecer un marco común de actuación ante los delitos de odio dirigidos contra personas sordas, asegurando una respuesta institucional coordinada, efectiva y respetuosa con sus derechos lingüísticos, culturales y humanos. A su vez, este documento también se dirige directamente a las propias personas sordas, con el objetivo de que conozcan sus derechos, los mecanismos de denuncia existentes y los recursos de apoyo disponibles, promoviendo así su empoderamiento y participación activa en la defensa de sus derechos.