La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado debatió este lunes una moción de CiU que insta al Gobierno “a impulsar, con la mayor celeridad posible, las modificaciones normativas necesarias para aplicar de forma inmediata las directrices contenidas en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

En particular, la iniciativa, defendida en la Cámara Alta por Coralí Cuyant, pide al Ejecutivo que lleve a cabo “la reforma de la legislación reguladora de los procedimientos de incapacitación judicial, que pasarán a denominarse procedimientos de modificación de la capacidad de obrar, para su adaptación a las previsiones de la convención”.

Igualmente, el texto solicita “la adaptación normativa del ordenamiento jurídico para dar cumplimiento al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo relativo al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida”.

La adaptación, prosigue la moción, deberá establecer las modificaciones necesarias en el proceso judicial de determinación de apoyos para la toma libre de decisiones de las personas con discapacidad que los precisen.

En su intervención, la senadora del PP María del Carmen Luis explicó que si bien su grupo comparte “la necesidad de armonizar la legislación” en materia de discapacidad, no puede apoyar la moción, porque entiende que lo que pide es algo que ya se está haciendo.

Tanto es así, prosiguió, que se está elaborando un borrador de ley en la misma línea de lo establecido en la moción de CiU, que está ya “muy avanzado”. Una vez que el texto, “muy próximo a ver la luz”, se presente, será el momento de hacer aportaciones, concluyó la senadora del Grupo Parlamentario Popular.

Sin embargo, los representantes de los grupos socialista, Entesa, Vasco y Mixto coincidieron en agradecer a CiU la presentación de esta moción, que consideraron necesaria y que afirmaron que apoyarían.

Así, José María Toledo, del PSOE, declaró que dará su apoyo cualquier iniciativa que, como ésta, se encamine a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. “Si en algún momento es ïnecesario el Estado”, dijo, “es ahora”, por lo que pidió al Gobierno que “ayude a quien más lo necesite y reponga todo lo que ha recortado”.

Y es que, argumenta el Grupo Catalán en la exposición de motivos de su iniciativa, más allá de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, todavía no se ha desarrollado una legislación plenamente adaptada, con lo que la Convención, a pesar de estar vigente, no se aplica.

Esta circunstancia, añade, “produce que se den incumplimientos legislativos importantes que afectan a las personas con discapacidad”.

Es el caso de la Disposición Adicional Séptima de la mencionada Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Esta disposición establece que “el Gobierno, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley, remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley de adaptación normativa del ordenamiento jurídico para dar cumplimiento al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en lo relativo al ejercicio de la capacidad jurídica”.