El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado viernes el Plan de Inclusión Social 2014-2017 para combatir la pobreza, que recoge medidas de inclusión laboral y acceso a servicios públicos de calidad, tal y como ha explicado la propia ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.
El texto se articula en doscientas medidas para luchar contra la pobreza infantil y para mejorar la calidad de vida de personas sin hogar, ciudadanos con discapacidad, mayores, personas dependientes, población gitana, reclusos, mujeres maltratadas e inmigrantes. El Plan, que cuenta con una dotación de 135.000 millones de euros y una vigencia de cuatro años, es el primero al que se le dota de un fondo extraordinario de 17 millones de euros para combatir la pobreza infantil. Asimismo, supone la primera estrategia integral para personas sin hogar, que en España se estima que son alrededor de 23.000. “El desempleo es la principal causa del aumento de la pobreza”, apuntó Mato, quien aseguró que, con el Plan de Inclusión Social, “fomentaremos el autoempleo y seguiremos impulsando empresas por una sociedad libre de violencia de género. Asimismo, garantizaremos un sistema de prestaciones para apoyar económicamente a las personas más vulnerables”.
Como adelantó en su momento el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, el Plan se complementará, por un lado, con los fondos que se recaudan mediante la casilla de Fines Sociales de la declaración de la renta y, por otro, con el Plan Concertado de Servicios Sociales.
Por último, el Plan contempla tres objetivos: impulsar la inclusión social a través del empleo; garantizar un sistema de prestaciones que permitan dar apoyo, sobre todo, a familias sin ingresos con menores a su cargo, y mejorar el acceso de las personas más desfavorecidas a servicios básicos de calidad como la educación o la sanidad.