La Fiscalía Superior de la Comunitat siempre ha mostrado un interés especial en proteger el patrimonio de las personas con discapacidad. El Ministerio Público sostiene que mantener a una persona a salvo de posibles expolios garantiza, a su vez, su desarrollo. Por eso, se considera básico el control de sus cuentas y depósitos bancarios ante la amenaza de que, en ocasiones, puede suponer la codicia de algunos cuidadores y tutores.
La Fiscalía, tal y como ya adelantó LAS PROVINCIAS, se ha volcado en este propósito. Esta misma semana se realizaba el envío de una circular a la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorros y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC). El objetivo es que comuniquen «cualquier movimiento bancario que no tenga correlación con la situación personal y/o patrimonial de su titular y que sean susceptibles de suscitar una racional sospecha de irregularidad».
A partir de esa información, los fiscales investigarán si realmente ese gasto se encuentra o no justificado en el cuidado o las necesidades de la persona con discapacidad. En caso contrario, actuará contra la persona que haya accedido a los datos secretos.
La nota de la Fiscalía explica que el conocimiento directo de las entidades bancarias sobre sus clientes hace que sepan con precisión sus movimientos y pagos. Estos suelen ser periódicos «y de montantes casi parecidos (residencia, cuidadores y manutención)». Una comunicación rápida «puede evitar que sufran un expolio mayor».
Uno de los métodos más comunes para apropiarse de fondos consiste en que el cuidador se aproveche de la confianza de la persona que tienen bajo su cuidado para averiguar el número de la tarjeta de crédito. Lo más habitual suele ser pequeñas sumas a lo largo del tiempo para no despertar sospechas.
El fiscal coordinador en la Comunitat para velar por la protección de las personas con discapacidad, Gonzalo López Ebri, elogió la labor de las entidades, cuyos avisos han servido para perseguir determinados delitos. Durante este año, según los datos facilitados por la propia Fiscalía, los responsables han solicitado la suspensión de más de una veintena de tutores porque su labor no estaba siendo correcta. Estos responsables normalmente se eligen a instancias del fiscal, quien tiene en cuenta diferentes circunstancias.
La Convención de Nueva York sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad supuso un punto de inflexión en la «atención» que se les daba a estas personas. Desde entonces, la discapacidad se entiende desde una óptica diferente: la sociedad acumula deficiencias que generan que las necesidades de estas personas no sean cubiertas.