La normativa relacionada con la victimización se relaciona con varias áreas. Una de ellas es la educativa, cuya competencia está transferida, en España, a las comunidades autónomas, que recogen en su regulación de la convivencia escolar los aspectos relacionados con las personas con discapacidad. Por otra parte, en la normativa de protección a la mujer frente al maltrato y violencia de género, que recogen principalmente normas promulgadas por comunidades autónomas.

En la normativa española podemos encontrar las siguientes disposiciones, directamente relacionadas con la prevención y respuesta a los casos de victimización, destacando el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que recoge y define conceptos como discriminación, directa, indirecta y por asociación, y acoso, así como los relacionados con la promoción de la integración y normalización de las personas con discapacidad.

Recoge, entre sus principios:

1. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.
2. La no discriminación.
3. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas.
4. El respeto al desarrollo de la personalidad de las personas con discapacidad, y, en especial, de las niñas y los niños con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.