España enfrenta un reto urgente: garantizar cuidados dignos a una población cada vez más envejecida. Hoy, más de 1,6 millones de personas viven con dependencia reconocida, y el cuidado recae, en su mayoría, sobre mujeres en condiciones precarias.
El sistema público (SAAD), aunque ha avanzado, necesita adaptarse a la nueva realidad demográfica. El Gobierno proyecta que para 2030 se necesitarán entre 750.000 y 1,1 millones de trabajadoras de cuidados, dependiendo del modelo de atención que se implemente. Se propone avanzar hacia un modelo más profesional y comunitario, reduciendo la carga familiar y mejorando el empleo en el sector. Para ello, se están impulsando reformas legales, mayor inversión y espacios de consenso entre administraciones y actores sociales.