A la discapacidad no le salen las cuentas del copago. Las personas con discapacidad entienden que el decreto aprobado por el Principado en octubre pasado, el que por vez primera marca los precios que deben pagar por utilizar los servicios a su disposición y que entró en vigor el pasado 1 de enero, les está costando caro.

Y a las entidades que les prestan servicios -ya sea residencia, centro de día o de apoyo a la integración- directamente las está ahogando. Desde enero, la Consejería de Bienestar Social y Vivienda les adeuda más de un millón de euros. Y no hay fecha para el pago para dar respuesta a los 2.500 usuarios y a los 140 trabajadores.

El problema estriba en que, desde el 1 de enero, Bienestar les ha dicho a todos los usuarios de estos servicios que no paguen a los centros. Que ya lo harán, directamente a la Administración regional, cuando ésta decida la cuantía. Para ello, la consejería se comprometió a enviar la primera factura en marzo, una cuenta que aún no ha llegado a los usuarios, que temen ahora ese primer pago acumulado «porque, aunque han prometido que lo fraccionarán, todos temen que sea alto, ya que les supondrá el 84% de los ingresos».

Y mientras los usuarios no pagan, a la espera de esa primera factura, las entidades no cobran, porque «el Principado nos dice que no sabe cuánto tiene que pagarnos». De momento, se ha pagado enero. Pero, «nada más». Son ya 1,5 millones de euros pendientes, que las entidades afrontan «con nuestro propios ahorros, con créditos y porque la Administración, en su eterno retraso, nos pagó a finales de año la subvención del año anterior».

«Estamos desencantados»

Así lo aseguraron a EL COMERCIO los responsables de la Federación de Asociaciones para la Integración de Personas con Discapacidad Intelectual del Principado (Feaps). Tanto su presidente, José Luis Crespo, como la directora, Casilda Sabín, se mostraron «desencantados» con la política desarrollada por el departamento que dirige Noemí Martín «porque esperábamos más y no sólo nos encontramos con esto, sino que no logramos ni que nos reciban».

La entidad aglutina a 19 asociaciones: Adansi (autismo), Ascivitas (centro social y de formación ocupacional), Adepas (centro ocupacional, residencial y residencia), Agisdem (centro social, de integración y vivienda respiro), Alarde (escuela de arte), Arbolar (servicio respiro), Asdor (tiempo libre), Asprodem (centro de formación), Ateam Integra (talleres y servicios a la familia), Emburria (integración social), Cangas de Narcea (centro ocupacional), Horizonte (fundación tutelar), Fraternidad (residencia y centro ocupacional), Nora (atención especializada), Rey Aurelio (centro de día, vivienda tutelada y residencia), Rey Pelayo (centro de apoyo a la integración), Ucesam (deporte y transporte), Una Ciudad para Todos (centro especial de empleo, social y viviendas tuteladas) y Veapri (inclusión laboral). La entidad logró el pasado mes que «el viceconsejero, Ángel González, participara en una jornada de trabajo con las familias, para que nos explicar el copago y conociera nuestras dudas».

Menos de 70 euros al mes
El resultado de esa cita fue «que la preocupación va en aumento», porque «nosotros queremos que haya un mínimo exento de pago, como existe en el resto de comunidades», ya que, de mantenerse el actual copago «a las personas con discapacidad asturianas les saldrán más caros los servicios que a los de otras comunidades». Tal como está ahora el decreto, «al aportar el 84% de sus ingresos, a muchos no les queda nada para vivir». De hecho, como la mayoría cobra pensiones entre 300 y 400 euros, el pago les supone quedarse con menos de 70 euros al mes «para comprar ropa, pagar el autobús o la matrícula de un cursos que quieran hacer».

Feaps espera que el decreto «sea retirado por completo» y que el copago «se igual en todas las comunidades». Que a los huérfanos «no les compute su ayuda» y que a los padres «tampoco la ayuda que reciben por hijo a cargo». Su objetivo lograr ser, al menos, «como los cántabros, que tienen exentos a quienes ganan menos de 600 euros al mes y, además, sólo aportan entre el 15%, para las residencias, y el 5%, para los centros de día».

Por el momento, tienen el compromiso del viceconsejero «de que estudiará nuestras propuestas, pero el tiempo pasa y, por ahora, no tenemos ninguna respuesta».