La actualización de la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud continúa siendo una deuda pendiente del Gobierno con el sector de la discapacidad. El movimiento asociativo reclama una renovación y ampliación de carácter urgente e ininterrumpido para garantizar que las prestaciones caminen a la par que los avances tecnológicos.

Las ortoprótesis que las personas con discapacidad necesitan para desarrollar mejor su autonomía personal siguen siendo hoy, todavía, un motivo de disputa constante entre el movimiento asociativo y las Administraciones Públicas. La demanda de la actualización y el establecimiento de un sistema nacional que no cause desigualdades entre las diferentes regiones son algunas de las prioridades del sector.

Roser Romero, secretaria de organización de Cocemfe, define la actual cartera de servicios como “desfasada” e “insuficiente para cubrir las necesidades reales del colectivo”. Este catálogo, según Ignacio Tremiño, miembro de la Comisión de Sanidad del Cermi, “adolece de la agilidad suficiente que permita diseñar un sistema de actualización y revisión continua”, que esté ligada a los constantes avances de la investigación.

Tremiño afirma también que este emparejamiento con las nuevas tecnologías es necesario para evitar “que el catálogo de prestaciones ortoprotésicas quede siempre desfasado en poco tiempo”. Por su parte, Roser Romero asegura que desde que se aprobó el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, “las incorporaciones que se han hecho al catálogo en los últimos años han sido mínimas” y atienden, en su gran mayoría, a “intentar homogeneizar aquellos productos que todas (las comunidades autónomas) tenían en común”, asegura Romero.

DE VITAL IMPORTANCIA

A pesar del protagonismo que toma en las vidas de las personas con discapacidad, esto “se refleja poco en el día a día de estas personas que ven como año a año no se incorporan al catálogo los avances técnicos que se han producido y que mejorarían sustancialmente su calidad de vida y mejorarían su autonomía personal”, detalla la responsable de Cocemfe.

Tener un catálogo actualizado es de vital importancia para la autonomía personal. Así lo defiende la directora técnico de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas), Carmen Jáudenes, quien también especifica que en el caso de las prótesis auditivas, “son las que hacen funcional la capacidad de oír y las facultades y habilidades, cognitivas y de interrelación”.

La última actualización de esta cartera, realizada en 2010, ha significado “una mejora importante en la situación de la prestación referida al implante coclear”, pero “aún queda pendiente una deuda sustancial”, que es “la actualización y la ampliación de la cobertura de la prestación por audífonos, sin ningún tipo de discriminación”, añade Jáudenes.

En este sentido, Roser Romero denuncia que a las personas con discapacidad “se nos pide que participemos, que nos integremos plenamente, pero todo ello hemos de hacerlo desde nuestro propio esfuerzo, sin poder contar con los avances tecnológicos que existen en el mercado”.

Desde otra perspectiva, el presidente de la Federación Española de Ortetistas Protesistas (Fedop), Carlos Córdoba, se une a esta denuncia del sector de la discapacidad porque, según indica, las prestaciones básicas están contempladas en el catálogo del Sistema Nacional de Salud, “pero hay que adecuarlo a una realidad acorde con las nuevas tecnologías porque es una cartera que a pesar de ser muy amplia, no cubre todas las necesidades”.

“Hay productos que están obsoletos y otros muchos que hay que incorporar porque la tecnología avanza deprisa. Todas las prótesis van con los avances y dejan atrás algunos modelos”, matiza Córdoba.

DESIGUALDAD REGIONAL

La problemática se agrava más no sólo por la tipología de los dispositivos sobre los que se solicite la prestación y lo fácil que resulta que queden desfasados tecnológicamente hablando, sino que también hay que tener en cuenta que el Sistema Nacional de Salud delega esta competencia a las comunidades autónomas para que sean ellas quienes decidan cómo realizar la cobertura del gasto ortoprotésico y cuáles productos se contemplan y cuáles no.

El Gobierno garantiza, no obstante, una cobertura mínima según el Real Decreto de la Cartera de Servicios Comunes de 2006 sobre la que pesan, además, varias actualizaciones. Pero es sólo una garantía de mínimos. Desde Fedop, Carlos Córdoba explica que “teniendo como base esa misma cartera de servicios, cada comunidad desarrolla su cartera propia”.

Esto genera grandes problemas de desigualdad entre los usuarios de las prótesis. “En todas las regiones menos en Galicia, Cataluña, País Vasco, Valencia y Andalucía el usuario compra la prótesis y luego pide a la Administración que le devuelvan el importe y ahí la Administración
se lo pagará más tarde que temprano”, añade Córdoba. En las citadas comunidades, por el contrario, el usuario no debe pagar nada por anticipado porque es la propia empresa de ortopedia quien hace sus cuentas con el Estado.

Por otro lado, la desfavorable situación económica que desde 2008 vive España ha hecho que el Gobierno mida con lupa la atención social de las personas con discapacidad ha supuesto también un ligero abandono por parte de la Administración Pública. En este sentido, el director gerente de PREDIF, José Antonio Martín, opina que “mientras no repunte la economía de nuestro país no parece que se vaya a aumentar el gasto público” lo cual perjudica enormemente a las personas usuarias de ortoprótesis, ya que su “calidad de vida no tiene precio”.

LA INCIDENCIA DE LA CRISIS

Pero no hay crisis sólo en las arcas estatales. En aquellas comunidades autónomas donde la Administración le devuelve el costo de la ortoprótesis al usuario que previamente la ha adquirido y pagado, “algunos usuarios tratan de rentabilizar y aguantar mucho más tiempo con las prótesis”, aunque estén algo deterioradas, por la imposibilidad de hacer frente a un nuevo gasto que le será reembolsado más tarde, comenta el presidente de Fedop.

Córdoba también afirma que por eso “en las regiones donde está la prestación de pago directo, no ha habido variación con la crisis” y los usuarios han pedido sus prótesis con la misma frecuencia que antes, aunque es la Administración quien trata de vigilar más que no se hagan peticiones desorbitadas.

“El gran problema que tienen los usuarios y que tiene también la Administración es que la mayoría de las comunidades no cuentan con datos de cuántas personas son usuarias de ortoprótesis en su región y cuántas van a atender, con lo cual no pueden establecer un presupuesto acertado” y pueden quedarse cortos, informa el presidente de Fedop.