El sistema electoral, los referéndums vinculantes, la actualización de las pensiones o la laicidad educativa, entre las propuestas

Entre las características de la Constitución española no está, desde luego, la de ser porosa o permeable a los cambios sociales. Las elevadas mayorías que se requieren para aprobar cualquier cambio, el riesgo a un referéndum o la necesidad de convocar elecciones para modificar algunos preceptos de la Carta Magna han hecho que sea difícil actualizar el texto. En los 47 años que cumple la Constitución este sábado solo se ha dado el visto bueno a tres reformas, dos impuestas por Europa y otra para sustituir la palabra “disminuido” por “persona con discapacidad”. Sin embargo, no será porque no se ha intentado.

El blindaje del aborto, la última iniciativa que no prospera

Hace unos meses, el Gobierno puso sobre la mesa el blindaje del aborto en la Constitución. La intención, explicó la ministra de Igualdad, Ana Redondo, era introducir un nuevo artículo, el 43.4, para reconocer “el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo”. El anteproyecto, que está en fase de informe, no prosperará. El PP, imprescindible para alcanzar la mayoría necesaria de tres quintos de las Cortes, ya ha dejado claro que se opondrá. Esta no es la única propuesta que se ha quedado por el camino.

Trece reformas presentadas, solo tres aprobadas

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, en 2019, elevó una iniciativa para limitar los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno a los “delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo”. Nunca se tramitó. Esta es solo una de las 13 reformas de la Constitución que se han presentado en los últimos 47 años, 11 de ellas impulsadas a partir de 2011. De todas, solo tres se han aprobado, una fue rechazada y el resto, directamente, caducaron o llevan años olvidadas en un cajón, pero ¿qué más proponían?

Propuestas desde la izquierda: gasto público y sistema electoral

A excepción de las tres reformas que han salido adelante, las cuatro iniciativas para modificar la Carta Magna que han partido del impulso de los grupos parlamentarios lo han hecho de la mano de las formaciones a la izquierda del PSOE. Primero de Izquierda Unida y después de Unidas Podemos. En dos ocasiones trataron de revertir los cambios hechos en el artículo 135 de la Constitución, tras la crisis económica, para incluir la obligación impuesta por Europa de la estabilidad presupuestaria. Ambas propuestas planteaban establecer como prioridad el gasto en servicios públicos y no el pago de la deuda.

Las otras dos tenían que ver con el sistema electoral. En 1995 intentaron conceder el sufragio pasivo –poder presentarse a las elecciones– a los extranjeros en los comicios municipales. En 2013 pusieron sobre la mesa una reforma mucho más ambiciosa. Querían acabar con las circunscripciones provinciales en las elecciones generales y pasar a circunscripciones autonómicas; eliminar el umbral mínimo de 5% de los votos para tener representación en el Congreso; que todos los senadores fueran elegidos por los parlamentos autonómicos; y reforzar el uso de referéndums vinculantes.

Iniciativas desde las autonomías: referéndums, educación y pensiones

No eran los únicos que pensaban así en este último punto. Un año después, la Junta General del Principado de Asturias aprobó una proposición de reforma de la Constitución que envió al Congreso. La intención era ampliar el uso de las iniciativas legislativas populares (ILP) –propuestas por 500.000 ciudadanos– a cuestiones de carácter orgánico y de reforma de la Carta Magna. También que el mismo número de electores pudiera solicitar un referéndum sobre decisiones políticas “de especial trascendencia” o para solicitar la derogación de una ley.

El Parlamento de Navarra envió también dos proposiciones. Una para eliminar la referencia constitucional a la “formación religiosa” y blindar “un sistema laico educativo” y otra para establecer la actualización de las pensiones al IPC. El Parlamento de les Illes Balears solicitó reformar la Constitución para que Ibiza y Formentera tuvieran cada una un representante en el Senado, ya que actualmente lo comparten. Y les Corts Valencianes planteó un cambio para poder recuperar el derecho civil valenciano. Estas dos últimas y la de Asturias, llevan años cogiendo polvo en un cajón.