La ONU discute en Ginebra una declaración
sobre responsabilidades de las empresas multinacionales en derechos
humanos, criticada por algunas organizaciones por su carácter poco
vinculante.

El documento establece compromisos de las empresas, especialmente
las que están en dos o más países, sobre las normas de contratación,
la labor de los trabajadores y las prácticas comerciales para
garantizar que no violan las libertades fundamentales.
Entre esos compromisos, destaca el "garantizar la igualdad de
oportunidades y de trato con el fin de eliminar toda discriminación
por motivos de raza, color sexo, religión, opinión política,
nacionalidad, origen o condición social, pertenencia a un pueblo
indígena, discapacidad o edad".

Además, los niños deberán ser "protegidos de la explotación
económica", según el documento que estudia la subcomisión de
Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU.
La declaración de principios establece que las multinacionales
"proporcionarán un entorno de trabajo seguro y agradable" a sus
empleados y que "no recurrirán al trabajo forzoso u obligatorio".
El documento exhorta a las empresas a favorecer el
establecimiento de sindicatos, conforme a los convenios de la
Organización Internacional del Trabajo.

Estipula que las multinacionales "garantizarán la libertad de
asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva protegiendo el derecho de los trabajadores a constituir
las organizaciones que estimen convenientes".

Respecto a la corrupción, las empresas "no ofrecerán, prometerán,
darán, aceptarán, condonarán, aprovecharán a sabiendas ni pedirán
ningún soborno u otra ventaja indebida", subraya el documento.
Igualmente, "tampoco podrán pedírselas ni esperar que den ningún
soborno u otra ventaja indebida a ningún gobierno, funcionario
público, candidato a un puesto electivo o cualquier otra personas u
organización", agrega el borrador del acuerdo.

En medio ambiente, la declaración de principios señala que las
empresas se comprometerán a operar de conformidad con los "objetivos
y normas internacionales" y que "en general realizarán sus
actividades de forma que contribuyan al logro de la meta más amplia
del desarrollo sostenible".

Por último, el borrador de la declaración establece que las
empresas "no cometerán actos que constituyan crímenes de guerra,
crímenes de lesa humanidad, genocidio, tortura, desapariciones
forzadas, trabajo forzoso u obligatorio, toma de rehenes, otras
violaciones del derecho humanitario u otros crímenes internacionales
contra el ser humano".

En el caso de incumplimiento de esos principios, las empresas
multinacionales deberían proporcionar una "reparación rápida, eficaz
y adecuada a las personas, entidades y comunidades que hayan sido
perjudicadas".

La Asociación Americana de Juristas criticó hoy que el borrador
presentado por considerar que "privilegia el autocontrol o el
pseudocontrol exterior privado y remunerado por las mismas empresas"
y se convierte en "una declaración de carácter facultativo".
El proyecto "abre la puerta de escape -a las empresas- a su
obligación ineludible e impostergable de someterse a la Ley y a las
normas internacionales", concluye esa organización.