La Ley General de Discapacidad incluirá un nuevo artículo para proteger la integridad personal del colectivo

Fecha

04/03/2022

Medio

Servimedia

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La Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social incorporará un nuevo artículo dedicado a la protección de la integridad personal de este colectivo, según anunció el director general de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco.

El director general hizo estas declaraciones durante la presentación en la agencia Servimedia del estudio ‘Percepción social de la discriminación de las personas con parálisis cerebral’, elaborado por confederación Aspace a partir de una encuesta a más de 1.000 personas entre afectados, profesionales y familiares.

Según explicó, este nuevo apartado desarrollará el artículo 17 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la protección por parte de los poderes públicos de la integridad física y mental de estas personas. Asimismo, el artículo 16 recoge el deber de prestarles protección frente a la violencia, la explotación y los abusos.

Martín se hizo eco de varios testimonios recogidos en el estudio sobre la violencia que sufren las personas con parálisis cerebral y destacó la relación entre la condición de discapacidad y los abusos y malos tratos. De ahí la importancia de “que el espíritu de la Convención de Naciones Unidas” quede recogido en la Ley mediante “un artículo que proteja nuestra integridad personal”, recalcó.

También en referencia al estudio, Martín Blanco subrayó “la importancia de los apoyos a la comunicación y de la generalización de los sistemas de comunicación alternativa o aumentativa” que, por ejemplo, las personas con parálisis cerebral precisan a la hora de realizar actos jurídicos.

Por este motivo, la reforma de la Ley General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para reconocer de forma expresa la accesibilidad cognitiva, “la llamada Ley de la Accesibilidad cognitiva”, recogerá todos estos aspectos, afirmó.

MEDIDAS LABORALES

Otra modificación de la norma que ya ha iniciado el Gobierno tiene que ver con la extensión de la consideración de persona con discapacidad a los pensionistas con una incapacidad permanente.

Este es el objetivo de un anteproyecto de ley para reformar el Real Decreto 1/2013 que establece el texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el que “el Gobierno quiere dar solución a aquellos pensionistas afectados porEn el SID sugerimos utilizar la palabra o expresión Tienen ... en su lugar. las sentencias del Tribunal Supremo” contrarias a la equiparación automática de la incapacidad permanente con el 33% de discapacidad.

Debido a ello, estos pensionistas se vieron privados de las medidas de fomento del empleo para personas con discapacidad, explicó, lo cual “perjudicó su inclusión laboral”.

En su intervención, Martín Blanco también mencionó la reforma del artículo 49 de la Constitución impulsada por el Gobierno a propuesta del movimiento de la discapacidad, que busca suprimir el término ‘disminuido’ de la Constitución y recoger de forma expresa la obligación de los poderes públicos de proteger los derechos de estas personas y de procurar su participación social.

“Es un cambio muy necesario que ahora algunas fuerzas bloquean en el Parlamento”, señaló en referencia a PP y Vox. En esta línea, se mostró “plenamente confiado” en que el aspirante a presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, propiciará un cambio en la postura de su formación para permitir que la reforma salga adelante.

VIDA INDEPENDIENTE

Martín Blanco apuntó también que el Gobierno trabaja en la trasposición con rango legal de una directiva sobre las personas con discapacidad en tanto que consumidoras, “a fin de garantizar nuestro derecho a disponer de un cajero automático accesible o a acceder a un teléfono de atención pública”.

Asimismo, avanzó que “en breve se iniciarán los trabajos para regular la figura del asistente personal”, y aseguró que los nuevos criterios del Baremo de Valoración de la Discapacidad estarán listos en julio.

Por último, se refirió a la Estrategia de Desinstitucionalización impulsada por el Gobierno dentro de los fondos Next Generation, que cuenta con una dotación de 400 millones de euros.

Según explicó, su objetivo es promover que las personas mayores y en situación de dependencia puedan vivir de forma autónoma y decidir sobre su vida.

“No es solo optar entre residencias o viviendas comunitarias”, sino organizar todos los recursos y servicios para que estas personas “puedan decidir cómo vestirse, qué quieren comer, dónde desean vivir o si quieren o no mantener relaciones sexuales”, declaró.

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