La Unión Europea reconoce la necesidad de prestar una atención especial a la problemática diversa que afecta a las personas con discapacidad, para garantizarles el disfrute efectivo de sus derechos. El objetivo principal que se persigue es permitirles asumir las funciones y responsabilidades que les corresponden como ciudadanos y lograr que posean la misma capacidad de elección y de control de sus propias vidas que el resto de la población.