La segunda semana de septiembre viene pautada por el regreso a las aulas de niños y adolescentes. Todo está a punto: libros forrados, menús para celíacos, uniformes pespuntados, actividades extraescolares decididas… Se resienten la economía familiar, las arterias de las ciudades, el ritmo vital; resurgen las expectativas, los miedos, el cansancio, las evaluaciones. Ocurre en Madrid, Oporto, París, Oslo… Pero, según datos de UNICEF, hay alrededor de 121 millones de niños en todo el mundo que este año tampoco irán a la escuela. Un quince por ciento de ellos fallece antes de los cinco años. Alrededor de 30 millones (aunque este dato, según la fuente, puede abrirse hasta setenta) son menores que viven en zonas de conflicto. La mitad, es una aproximación, tienen discapacidad, un tercio del total. Sorteando la humillación de convertir a las víctimas en estadísticas, las cifras son escalofriantes.
En la actualidad, hay 43 guerras abiertas, siendo la más antigua la de Birmania, que se libra desde 1948. Pensamos en zonas como Gaza, Nigeria, la República Democrática del Congo, Jordania, Sur Sudán, Uganda, Yemen o Somalia y en sus países colindantes y creemos que la guerra suspende el tiempo, que la guerra lo invade todo. Es cierto que la guerra hace horas extras, no cierra por descanso y parece estar siempre de guardia en determinados territorios del planeta. Pero también ocurren cosas en esos países, en mitad de la guerra, a pesar de la guerra: el amor, la concordia cotidiana, la educación. Sí, la educación. Puede parecer que, en situaciones de emergencia humanitaria, la educación es un privilegio, un excedente solidario. Casi un exceso. Pero la educación no es un cestillo más o menos repleto de conocimientos. Sin educación no hay desarrollo posible, ni progreso. Tampoco futuro.
Son numerosas las entidades, públicas y privadas, que realizan un tremendo esfuerzo por hacer posible que miles de niños que viven en regiones asoladas por la guerra tengan acceso a una educación. Y que redoblan esa voluntad cuando se trata de menores con discapacidad. Pocos medios, todos los impedimentos imaginables, pero una energía que sortea, cada día, las contingencias del conflicto. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación Promoción Social de la Cultura (FPSC) han impartido, en la Casa Encendida, el seminario ‘Educación y discapacidad en zonas de conflicto’. Dividido en dos sesiones (‘Educación en zonas de conflicto’ y ‘Discapacidad en zonas de conflicto’) ha tenido un propósito claro: contar de primera mano qué se está haciendo y cuáles son los retos y necesidades. Nos comprometen a todos.
UN PANORAMA QUE ABRASA
“En el mejor de los casos, en las emergencias humanitarias, la educación no es un factor que se priorice; en ocasiones, ni se tiene en cuenta. Hay que romper esta dinámica, incluir la educación en el debate humanitario, porque es un derecho que las personas nunca pierden. Y prestar una mayor atención a los niños con discapacidad. Sólo el 5 por ciento de estos niños, en zonas de conflicto, terminan la educación primaria”, explica Laura López de Cerain, directora de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera de la AECID. “La educación ayuda a superar situaciones traumáticas, a restablecer la paz, a evitar la invisibilidad de las atrocidades y acabar con ellas. La educación permite contrarrestar la marginalidad que provoca la discapacidad”, concluye, a la vez que destaca los acuerdos de colaboración que mantiene la entidad gubernamental con la Fundación ONCE y con el Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad, CERMI, para incluir la discapacidad de manera trasversal en las políticas, programas y proyectos de cooperación para el desarrollo.
Las palabras de Juamna Trad, presidenta de FPSC, son más crudas: “estamos asistiendo a la mayor catástrofe humanitaria desde la II Guerra Mundial”. Cita al Alto Comisariado de la ONU para los refugiados. Los conflictos de Siria y Libia han provocado doce millones de desplazados. Doce. Casi los habitantes de Bélgica. Por ejemplo. Las bajas de guerra de finales del XX y del XXI las engrosan los civiles. Un 90 por ciento. Los ataques israelíes a escuelas de la ONU u objetivos similares dan buena cuenta de lo que hablamos. Pero el fin de las hostilidades no mejora la situación de los países. El Congo, diez años después de finalizar la guerra, tiene el mayor índice de mundo de niños sin escolarizar.
¿DÓNDE ESTÁN LOS NIÑOS NO ESCOLARIZADOS?
Hay países que hacen cuanto está en su mano para enmendar esta situación. Incluso países que ya tienen -y no pocos- sus propios problemas domésticos. Líbano asume en estos momentos el mayor índice mundial de acogida a refugiados, un 24 por ciento de su población. “Líbano no tiene campos de refugiados, los refugiados están por todas partes, en nuestras casas, en instituciones, y es bueno que así sea”, puntualiza Fady Yarak, director general de Educación del Líbano, y colaborador de la UNESCO. De la población refugiada, cuatrocientos mil son niños entre 5 y 18 años. “No teníamos escuelas suficientes, hemos tenido que construir muchas, levantar otras tantas prefabricadas, establecer dos turnos de enseñanza, formar a profesores para que respeten la cultura de los acogidos… Aún así, no sabemos dónde están los niños no escolarizados, que son casi la mitad, doscientos mil (más que la población entera de Segovia). Sabemos que viven en Líbano, pero no van a la escuela”, prosigue.
Para mantener esta estructura educativa, Líbano necesita 120 millones de dólares anuales. Recibe 85 de las instituciones europeas, norteamericanas, de otros países próximos, de donantes anónimos, etc., pero eso es sólo el gasto relativo a la educación. “Habría que hablar de las viviendas de esos menores, de cómo acceden al transporte, posible en muchísimos casos únicamente por la acción de distintas ONG, de mejorar la coordinación a todos los niveles… Hacemos cuanto está en nuestra mano, pero no es suficiente”.
La pobreza no explica siempre la guerra. La República Democrática del Congo es un buen indicador del axioma. Con la segunda selva tropical más grande del mundo, sus nueve meses de lluvias (bastaría arrojar al azar un puñado de semillas para que germinasen), sus 70 millones de habitantes (el 93 por ciento, con menos de 65 años), y su 80 por ciento de las reservas de coltán de todo el mundo (imprescindible para producir cualquier artilugio electrónico de hoy en día), los congoleños viven con menos de un dólar al día. No tiene, siquiera, escolarización obligatoria, con lo que, en manos privadas, es impensable llevar al niño a la escuela y, de poder, se lleva al niño, es decir, a ellos. Ellas guardan la casa.
“Yo soy un ejemplo de lo que la educación consigue”. Licenciada en Medicina -sin haber tocado un ordenador en el país que los hace posibles-, Louise Lalu concluyó sus estudios con un máster en Salud Pública Internacional. Colabora con organizaciones como FPSC o Harambe en proyectos de educación y salud. “Sin educación, la mujer no es persona, no sabe siquiera que tiene derechos”, apostilla. Resulta difícil no evocar al escuchar esta sentencia las palabras de la Nobel de la Paz Malala Yousafzai: “que sea la última vez que se le diga a una niña que la educación es un delito y no un derecho”.
Sur Sudán (uno de los países más recientes) acoge a 80.000 refugiados –la población de Toledo- provenientes de Uganda. 32.000 son niños en edad escolar. Pablo Funes, coordinador del Departamento de África y Acción Humanitaria de la ONG Entreculturas, que realiza en la zona labores de educación, junto con el ‘Servicio Jesuita al Refugiado’ y ‘Fe y Alegría’, destaca que la educación que se ofrece a estos niños en zona de conflicto “es una educación de calidad, dentro de nuestras posibilidades, que fortalece las capacidades y disminuye la vulnerabilidad, que promociona la paz y la recuperación psicosocial”.
EDUCAR, ¿Y DESPUÉS QUÉ?
Las ONG, los organismos internacionales y nacionales, diferentes entidades privadas, voluntarios, cooperantes, todos tratan de garantizar el acceso a la educación a los niños en zonas de conflicto. “La cuestión que habría que plantear es ¿para qué les educamos? ¿Qué futuro queremos que tengan? Con respecto a los niños con discapacidad, a día de hoy hay poca evidencia de lo que funciona, necesitamos muchos más datos de los que disponemos para saber de qué modo mejorar las cosas. En ocasiones, tenemos niños en nuestras aulas que no reciben el apoyo necesario porque no sabemos que tienen discapacidad”, plantea María Kett, directora adjunta del Centro Leonard Cheshire para la Discapacidad y el Desarrollo Inclusivo.
“Hablo, por ejemplo, de zonas como Sierra Leona, donde sabemos que la discapacidad multiplica por tres el riesgo de sufrir violencia. La Convención de la ONU define la discapacidad en tanto que la interrelación de una persona con su entorno. Podemos educar a los niños pero, ¿qué sucede con el acceso a la sanidad, al agua, a la comida, la necesidad de desplazamiento? Todas estas cuestiones también atañen a la educación, y también hay que resolverlas”, continúa Kett. “En 2010, en Darfur, el 46 por ciento de los niños con discapacidad entre 6 y 14 años estaban escolarizados, pero no se tenía constancia de que participasen socialmente en alguna actividad de su entorno”.
“La discapacidad no está presente en los programas de educación con la importancia que debiera; a eso se suma que tampoco se observa de modo específico en los programas de vacunación, de alimentación suplementaria, etc. Además, habría que trabajar en proyectos a largo plazo porque, aunque cese el conflicto, un país no empieza a remontar hasta, como poco, los cinco años siguientes, y durante ese tiempo deberíamos seguir presentes en esas zonas”.
Garantizar la educación, pero también cambiar el modelo. Trocar la caridad por derechos. No es fácil en las zonas de las que hablamos. Si en España, país paradigmático tanto por su normativa en materia de discapacidad como por sus instituciones dedicadas al movimiento asociativo (Fundación ONCE, Cermi) ese trueque –modelo de derechos en vez de asistencial- es de reciente y fatigosa implantación imaginen en países en conflicto. Incluso en zonas donde hay una cierta sensibilidad hacia la discapacidad, caso del Líbano, país que reserva el 4 por ciento del empleo público para personas con discapacidad (que no se consigna por falta de formación adecuada), se detectan discriminaciones mayúsculas: pese a disponer de una legislación más o menos garante de los derechos del colectivo, excluye del mismo a personas con discapacidad intelectual y mental.
“En Líbano no contamos con transporte público; por supuesto, servicios como la policía o la asistencia sanitaria no están adaptados, las escuelas son inaccesibles, los niños con discapacidad estudian en colegios segregados, no hay alternativa para quienes podrían acudir a un centro normalizado. Pero hacemos cosas. Gracias a la ayuda internacional, hemos adaptado diez espacios públicos. Un parque, por ejemplo. También, en colaboración con Technosite, empresa dedicada a las tecnologías accesibles de Fundación ONCE, hemos abierto una plataforma digital que centraliza todos los recursos de que disponen las personas con discapacidad (www.accesibilityforpwd.org). Poco a poco, tratamos de mejorar su calidad de vida. Y no renunciamos a algo fundamental para nosotros, la vida independiente”, especifica Georges Xanthopoulos, director de Movilidad y Empleo en Arcenciel y miembro del comité de expertos para las normas libanesas de accesibilidad.
“RENDICIÓN DE CUENTAS”
A la escasez de recursos –técnicos, humanos, materiales- se añade que los niños con discapacidad en situaciones de conflicto “carecen de los mecanismos de protección propios. Es decir, que ante un ataque aéreo, muchos ni quisiera pueden, por problemas de movilidad, ponerse a cubierto”, apunta Antonio Menéndez, coordinador de protección en Gaza con UNRWA, la Agencia de la ONU para los refugiados de Palestina.
En Palestina se calcula que hay un siete por ciento de personas con discapacidad; el 87 por ciento no tiene empleo; el 76 por ciento, no usa nunca el transporte por falta de accesibilidad, y el 22 por ciento abandona la escuela por el mismo motivo. “Aparte del dato del empleo, que es terrorífico, uno más: casi el nueve por ciento de las personas con discapacidad no sale de su casa por temor”, completa Menéndez. La discapacidad como castigo divino. En Europa casi suena carpetovetónico, pero en muchas zonas del mundo, nacer ciegoEn el SID sugerimos utilizar la palabra o expresión Persona ciega en su lugar., por ejemplo, es objeto de rechazo social por superstición.
“Llegará un momento en que tengamos que hacer rendición de cuentas, porque no hay paz sin justicia, y los niños con discapacidad, a los que se les priva no sólo de una educación sino de una infancia, exigirán reparación”, concluye.
República Democrática del Congo, Gaza, Sierra Leona, Líbano, Sur Sudán… son algunos países en los que, sin la intervención internacional, los niños con y sin discapacidad no tendrían acceso a la educación. Pero hay muchos otros. El tiempo, lo saben, corre en contra. Los niños –como los adultos- han de ser sujetos de derechos y no objeto de atención. La educación es un derecho irrenunciable para ellos. Eso nos compromete a todos. Y si la primera tarea de la educación es agitar la vida, la segunda es dejarla libre para que se desarrolle por sí misma. Sea.