Un paso importante en materia de igualdad y plena inclusión, aunque aún queda mucho por hacer. Así ven las asociaciones vinculadas a las personas con discapacidad intelectual y afectados en salud mental la senda abierta el pasado diciembre en el Congreso de los Diputados al dar luz verde a la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General reconociendo el derecho de sufragio a estas personas.
Hasta esta modificación, quienes estaban judicialmente incapacitados -figura a la que recurrían muchas familias para su protección- que querían ejercer su derecho al voto debían someterse a un examen previa petición al juez, algo que los implicados consideraban sumamente «injusto». Con el paso dado, un total de 9.965 personas con discapacidad intelectual de Castilla y León (alrededor de 100.000 en España), a las que se suman, al menos, un total de 187 tutelados actualmente bajo el amparo de Salud Mental de Castilla y León (otros 296 ya lo tenían actualmente reconocido), podrán ejercer este derecho fundamental en los comicios generales del 28 de abril -también en las autonómicas y municipales del 26 de mayo-.
En general, se trata de nuevos votantes, aunque no en el caso de personas que padecen algún trastorno mental, colectivo en el que gran parte han recuperado este derecho tras perderlo una vez cumplido los 18 años, ya que, según la técnica de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Salamanca, Esther Petisco, «en el ámbito de la salud mental, lo habitual es que se visibilicen los problemas al inicio de la edad adulta».
Con el fin de «entrenarse» en la tarea y resolver todas sus dudas, entidades del movimiento asociativo están realizando estos días diferentes simulacros. Son muchas las dudas que les asaltan, señala Petisco, fundamentalmente en conceptos más abstractos como el voto en blanco. Además, este avance no significa que estén ya exentos de dificultades para participar en la vida política y pública, denuncia María del Mar Cano, miembro del Foro de Personas con Discapacidad Intelectual de Plena Inclusión: «Ni el proceso electoral, ni los programas políticos ni los colegios electorales son fáciles de entender». Por ello, una de sus primeras reclamaciones a los partidos políticos es que trasladen a lectura fácil sus programas. También ponen deberes a la Junta electoral reclamando unos sistemas de votación accesibles cognitivamente. Precisamente ha sido una directriz de este organismo la que ha «enturbiado» este paso adelante, ya que gracias a ella apoderados e interventores adscritos a una mesa podrán apuntar el DNI de quien considere que no está ejerciendo su derecho al sufragio «de forma consciente, libre y voluntaria».
Una medida que ya ha sido recurrida ya que desde Plena Inclusión lo ven como la pérdida de una oportunidad para equiparar realmente los derechos de estas personas.
