USO ha entregado este jueves en el Congreso más de 300.000 firmas para evitar el posible cierre de los centros de Educación Especial que recoge el anteproyecto de Ley de Educación redactado por el ministerio de Isabel Celaá y defender el derecho de las familias a elegir.
Así lo ha manifestado Antonio Amate, responsable de Educación del sindicato, durante la concentración que decenas de personas han realizado ante el Congreso minutos antes de registrar las firmas, y que ha contado con el apoyo Sandra Moneo, secretaria de Educación del PP, y de la candidata popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Amate ha asegurado que en la educación española ya existe “el lenguaje inclusivo de la propuesta del Gobierno porque el 85 % de los alumnos con necesidades especiales (más de 220.000) están en centros ordinarios”, pero ha reclamado que se permita asistir a centros espaciales a los que “tienen dificultades motrices y cognitivas que exigen una atención súper especializada”.
Según datos del Ministerio de Educación, el alumnado con necesidad específica ha ido subiendo desde 2009, cuando eran 30.643, llegando en el curso 2017-18 a 36.436 y suponen el 16,5 % del total con discapacidad.
La reforma educativa que quiere impulsar Celaá, parada ahora por las elecciones, plantea ir incorporando este alumnado a centros ordinarios en el plazo de diez años, aunque se ha recalcado que no implica el cierre de centros.
También el Comité Español de Representante de Personas con Discapacidad (Cermi) ha apostado por la educación inclusiva, en una interpretación “muy restrictiva de la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad”, según USO, que insiste en que hay que respetar los derechos de los padres que “están contentos con la educación especial”.
Los concentrados han coreado lemas como “Especialización no es segregación” o “Inclusión y especial, las dos son para triunfar”, antes de que representantes del sindicato entregaran las firmas en el Congreso y se reunieran con representantes del PP y Ciudadanos.
“Estamos abiertos a hablar con todos los grupos y esperamos retomar el diálogo con el Gobierno en la nueva etapa”, ha dicho Amate.
Por su parte, la responsable de Educación del PP, Sandra Moneo, ha insistido en que la inclusión se logra a través de la educación ordinaria con personal especializado y de los centros especializados.
Ha anunciado que su grupo será “beligerante” en la nueva legislatura para defender la existencia de la Educación Especial y se ha mostrado pesimista sobre su relación con el próximo gabinete socialista en materia educativa.
“Si vuelven a poner encima de la mesa el borrador de la Ley de Educación de la pasada legislatura, demostrarán que no tienen intención de dialogar porque no recoge ni refleja lo que durante muchos meses se debatió en la subcomisión para el Pacto Educativo”, ha subrayado Moneo.
