UPM dice que Aberchan perjudica a las ONG's de minusválidos en favor de otras étnicas

Fecha

24/04/2000

Medio

EFE - Melilla

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El líder y portavoz de la Unión del Pueblo Melillense (UPM), Juan José Imbroda, acusó hoy al presidente Mustafa Aberchan (CM) de no aplicar el acuerdo de adjudicación de la explotación de un complejo lúdico y deportivo a una ONG de minusválidosEn el SID sugerimos utilizar la palabra o expresión Personas con discapacidad en su lugar. porque quiere revocarlo y darlo a otra de corte étnico.

Imbroda instó hoy por escrito a Aberchan a que cumpla el acuerdo alcanzado por unanimidad de todos los grupos políticos en octubre de 1999, por el que se adjudicó a la ONG de discapacitadosEn el SID sugerimos utilizar la palabra o expresión Personas con discapacidad en su lugar. Solidaridad la explotación y mantenimiento del Fuerte de Rostrogordo, rehabilitado como centro turístico y deportivo.

En su opinión, la demora en la aplicación de este acuerdo es "totalmente injustificada" y el anuncio del Gobierno de revocarlo supone "una mala fe evidente" por lo que anunció que acudirá a los tribunales para impedirlo.

El portavoz nacionalista apuntó que, en caso de rescindir el contrato, el nuevo beneficiario puede ser una ONG "de corte étnico" de nueva creación, por lo que reclamó que se mantenga el acuerdo con Solidaridad "porque no hace distingos de razas, credo o religiones".

Añadió que retrasar la aplicación del acuerdo y la consiguiente apertura del rehabilitado Fuerte de Rostrogordo supone la pérdida desde octubre de 60 sueldos de jóvenes y discapacitadosEn el SID sugerimos utilizar la palabra o expresión Personas con discapacidad en su lugar. así como de un complejo concebido para el ocio de los melillenses y como atractivo turístico.

Imbroda aseguró que está dispuesto a hacer todo cuanto esté en su mano para evitar "una cacicada más", que "se penalice a una ONG por otros intereses" y que el Gobierno dé "otra patada al Estado de Derecho".

El Ejecutivo del GIL, CM y PIM explicó recientemente que no ha aplicado el compromiso alcanzado en la pasada legislatura con Solidaridad porque estudia revocarlo al no estar de acuerdo con todos los términos acordados, si bien no especificó qué empresa puede sustituir a la ONG.

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