Un total de 8.100 alumnos de Castilla y León precisan una atención educativa especial

Fecha

30/08/2020

Medio

El Norte de Castilla

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Un total de 8.097 niños y adolescentes matriculados en colegios e institutos públicos (5.719) y concertados (2.378) de Castilla y León precisan de una atención educativa especial, según los últimos datos facilitados a EFE por la Consejería de Educación, que reflejan que la discapacidad intelectual es la que afecta a un mayor número de estos alumnos.

Una cifra que representa el 2,3% de los matriculados en la comunidad -346.952-, pese a haber aumentado casi un 40% desde el año 2015, cuando sumaban 5.793.

En este sentido, su crecimiento ha sido exponencial: 7.012 (2016), 7.278 (2017), 7.419 (2018) y 7.892 (2018).

Valladolid, con un total de 2.051, acapara la cuarta parte del alumnado que precisa de apoyos en el aula y por detrás se sitúa León con 1.547, algo más del 19%.

Les siguen las provincias de Salamanca (1.118, 13,8%), Burgos (1.080, 13,3%), Zamora (561, 6,9%), Palencia (523, 6,5%), Ávila (498, 6,1%), Segovia (449, 5,5%), y So (270, 3,3%).

Así, el curso pasado las aulas castellanoleonesas contaban con estudiantes con una discapacidad intelectual (2.361), motora (1.143), auditiva (397) y visual (160).

A estos se unen aquellos que padecen trastornos del espectro autistaEn el SID sugerimos utilizar la palabra o expresión Persona con autismo en su lugar. (1.235), problemas graves de personalidad y conducta (535), retraso madurativo (874) y trastornos del desarrollo del lenguaje (502).

Por último, Educación tiene detectados 94 alumnos con «otras discapacidades» que les sitúan en desventaja frente al resto de compañeros.

Desde la Consejería se destaca que el II Plan de Atención a la Diversidad en la Educación de Castilla y León apuesta por un modelo de inclusión educativa.

En este sentido, el 85% de este alumnado se encuentra integrado en clases ordinarias, mientras que el 15% -1.213- está en unidades o centros específicos, según las estadísticas.

Por etapas, el 17,5% de estudiantes que precisa de apoyos específicos -ya sea humanos, materiales, curriculares o arquitectónicos- se encuentra en Educación Infantil.

Un porcentaje que se dispara en el caso de Primaria (38,6%) y Secundaria (23,3%).

Al llegar a la enseñanza postobligatoria, se observa una disminución muy importante al constar tan sólo 107 alumnos de Bachillerato con necesidades educativas especiales, así como 352 en distintos ciclos y programas de Formación Profesional (FP).

De este modo, parecen ser especialmente proclives a abandonar los estudios de una manera temprana.

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) ha propuesto al Gobierno y a las comunidades autónomas que cuenten con las organizaciones de personas con discapacidad para que el nuevo curso escolar, que esta semana están definiendo, sea inclusivo y responda a las necesidades del alumnado con discapacidad, tanto si la educación es presencial como a distancia o en un modelo mixto.

A uno de los problemas ya existentes como era la brecha digital, se ha añadido ahora la barrera de la accesibilidad puesto que «la tecnología no se encuentra adaptada para todo el mundo» y «hay estudiantes con discapacidad que no tienen acceso a la misma».

«En caso de repetirse un confinamiento o de tener que formarse de manera telemática, el alumnado no debería encontrarse de nuevo con dificultades para continuar con su aprendizaje», han asegurado desde Cocemfe.

Del mismo modo, ha reclamado un Plan de Garantía Educativa para una vuelta a las aulas que no olvide al alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Por ello, ha llamado a dar prioridad a la asistencia presencial del alumnado con necesidades educativas especiales y ha pedido que «todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos (ya sean públicos o concertados) cuenten con un refuerzo del personal docente.

Además, han reclamado al menos un profesional sanitario que coordine las acciones preventivas relacionadas con la covid-19, material tecnológico adaptado para el alumnado con discapacidad y la financiación necesaria para adecuar los espacios a las nuevas medidas de seguridad e higiene exigidas.

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