Un juzgado de Madrid prohibe a OID [Organización Impulsora del Discapacitado] la venta de boleto del discapacitado

Fecha

12/04/2000

Medio

EFE - Madrid

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El juzgado de Primera Instancia número 12 de Madrid ha requerido a la Organización Impulsora del Discapacitado (OID) que cese "de inmediato cualquier fabricación, venta, comercialización o distribución de su boleto del discapacitadoEn el SID sugerimos utilizar la palabra o expresión Persona con discapacidad en su lugar., utilizando su sistema de sorteo en combinación con el sorteo de la ONCE o haciéndolo coincidir con este último".
La sentencia estima además la entrega por parte de la OID de una fianza de 100 millones de pesetas, medida cautelar esta última solicitada ante este tribunal por la Organización Nacional de Ciegos (ONCE), que fue quien presentó una demanda de medidas cautelares contra la OID por la venta de su "boleto del discapacitadoEn el SID sugerimos utilizar la palabra o expresión Persona con discapacidad en su lugar.".
En su resolución, el referido juzgado de primera instancia reconoce por un lado que el soporte material del cupón de la ONCE y el del boleto de la OID son prácticamente idénticos y que además esta última organización "no realiza sorteo alguno aprovechándose del que lleva a cabo la ONCE, haciéndolo coincidir con el suyo, y por consiguiente eliminando costes y gastos".
Además, y según estima el titular de este juzgado en su auto, ésta práctica "puede llevar a confusión" de los compradores, que pueden llegar a creer que el boleto de la OID está respaldado por la ONCE.
Todo ello, concluye la resolución, supone "actos de explotación de la reputación ajena, actos de imitación y actos de confusión proscritos por la Ley de Competencia desleal", por lo que se acepta la medida cautelar solicitada por la ONCE contra la OID.
El juzgado de Primera instancia de Madrid que ha visto esta causa desestima, por último, entrar a volorar los puntos de la demanda de la ONCE referentes a si la OID cuenta con la autorización administrativa para vender sus boletos, o si su actuaciones pueden revestir caracteres delictivos, por enterder que esta materia es competencia de la jurisdicción contencioso administrativa y penal, respectivamente.

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