Un juez de Badalona (Barcelona) ha restituido el derecho a votar de una ciudadana a la que, hace diez años, se le inhabilitó este derecho fundamental por una sentencia de incapacitación, ha explicado la federación Dincat Plena Inclusió este jueves en un comunicado.
Dincat, que agrupa cerca de 300 entidades sociales y representa los derechos de más de 30.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en Catalunya, ha explicado que la mujer, Dolors Torrents, presentó junto a su abogado una demanda al Juzgado de Primera Instancia número 7 de Badalona.
En la demanda, Torrents pidió que se revisara la sentencia que la inhabilitaba y alegó que la modificación de la capacidad de obrar (incapacitación) es “una herramienta de supervisión y protección, pero no un instrumento para recortar derechos”.
El pasado viernes 11 de diciembre, el juez dictaminó una resolución a favor de Torrents, pero no podrá ejercer este derecho en las elecciones generales de este domingo porque tienen que pasar 20 días para que la sentencia sea firme, según ha apuntado el abogado de Aspanin –entidad de Dincat–, Jordi Grinyó, han explicado.
Además, hay que comunicar la sentencia judicial al Registro Civil para que actualice la base de datos y Torrents pueda volver a recibir la tarjeta censal.
4.000 INCAPACITADOS EN CATALUNYA
En Catalunya hay 4.000 personas que no pueden votar por una sentencia de incapacitación –entre las que hay personas con discapacidad intelectual o del desarrollo–, según alertó un informe del Síndic de Greuges, han recordado.
La presidenta de Dincat ha afirmado que aún hay “estereotipos y prejuicios sobre las personas con discapacidad” que hay que romper, ya que se trata de derechos humanos, ha recogido el comunicado.
