Un informe elaborado por la Dirección de Alianzas, Relaciones Sociales e Internacionales de la Fundación ONCE, y difundido por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), registra pormenorizadamente la actividad normativa, tanto en España como en la Unión Europea, producida en el primer semestre del año 2019 en relación con el grupo social de las personas con discapacidad y sus familias.
En la parte española, el informe rastrea las disposiciones normativas más relevantes, distinguiendo las de carácter nacional y las autonómicas, adoptadas en los primeros seis meses de 2019. Se analizan las esferas temáticas de asuntos sociales, empleo, accesibilidad, justicia y educación.
Así, como normativa más reseñable, se enuncia y explica la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para favorecer la accesibilidad al “bien básico” de la vivienda; la actualización y ampliación de la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud y la adopción del plan de la Administración General del Estado para promover la contratación pública socialmente responsable, entre otras.
En el plano europeo, el informe destaca la aprobación de la Directiva sobre requisitos de accesibilidad a bienes y servicios o la de derechos de autor, dirigida a garantizar el intercambio de materiales bibliográficos en formato accesible para personas con discapacidad visual.
