Un fiscal [de La Coruña] pide 63 años de cárcel por fraude en la contratación de minusválidos

Fecha

02/05/2000

Medio

EFE

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El fiscal solicita un total de 63 años de prisión para los seis acusados de formar parte de una trama que supuestamente consiguió de la Xunta subvenciones por importe de 90 millones de pesetas mediante un fraude en la contratación de trabajadores minusválidosEn el SID sugerimos utilizar la palabra o expresión Personas con discapacidad en su lugar. para dos empresas de La Coruña. La vista oral del juicio comenzó hoy y continuará mañana en el
juzgado de lo penal número tres de A Coruña y el fiscal reclama además de los acusados indemnizaciones por importe de 270 millones de pesetas.
El principal encausado es José Manuel Rey Fernández, que cuando se produjeron los hechos, en 1991, presidía la Asociación de Minusválidos de La Coruña; otros cuatro imputados eran sus socios en las dos empresas que éste constituyó, mientras que el sexto es un constructor acusado de facilitar una factura falsa.
La trama, según el fiscal, comenzó en enero de 1991, cuando José Manuel Rey, José Francisco Pardo y Nelson Castro constituyeron la primeras de las dos empresas, sociedad Coruñesa de Minisválidos Sociedad Anónima Laboral (Comisal), según la acusación pública "con la intención de conseguir de forma fraudulenta subvenciones".
De hecho, en junio de aquel año la Administración gallega calificó a esta empresa como "centro especial de empleo" y ello les permitió recibir 60 millones de pesetas en subvenciones públicas para la contratación de 30 trabajadores minusválidosEn el SID sugerimos utilizar la palabra o expresión Personas con discapacidad en su lugar..
Según la tesis del fiscal, en realidad Comisal no llegó a contratar a los 30 minusválidosEn el SID sugerimos utilizar la palabra o expresión Personas con discapacidad en su lugar., sino que sus promotores consiguieron que algunos disminuidos físicos firmasen contratos laborales e incluso que firmasen nóminas y recibos de salarios sin que llegasen realmente a trabajar en la empresa ni a cobrar de ella.
Comisal recibió también una subvención por importe de la mitad del salario mínimo interprofesional de los trabajadores que supuestamente había contratado.
Una vez descubierto el fraude, en 1992, los tres socios de Comisal, junto con José Ismael Martínez y Luciano Antonio Cruz, constituyeron otra sociedad, Utramic, con el mismo objetivo y, de nuevo obtuvieron de la Xunta de Galicia la calificación de centro especial de empleo, lo que les permitió recibir otros 30 millones de pesetas como subvención por la contratación de otros 15 minusválidosEn el SID sugerimos utilizar la palabra o expresión Personas con discapacidad en su lugar. que, según el fiscal, tampoco llegaron a contratar.
El sexto acusado es José Luis Roca Amenedo, un constructor a quien el fiscal imputa la emisión de una factura falsa a los anteriores por la construcción de una nave industrial inexistente. Los acusados se enfrentan a condenas de entre dos y quince años de prisión por los presuntos delitos de falsedad, estafa y fraude. José Manuel Darriba, que actualmente preside la Asociación de Minusválidos de La Coruña, reconoció hoy que el caso Comisal "causó un perjuicio muy grande" al colectivo de minusválidosEn el SID sugerimos utilizar la palabra o expresión Personas con discapacidad en su lugar. de La Coruña porque "ocasionó daños en nuestro imagen", aunque insistió en que "aquello se trató de una empresa privada que nada tenía que ver con la asociación y que fue promovida por unas personas que quisieron
lucrarse de unas circunstancias".

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