Un estudio denuncia que los centros base “minimizan la discapacidad” de las víctimas de trata a la hora de valorarlas

Fecha

28/07/2022

Medio

Servimedia

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Un informe del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) señala la “insensibilidad” de los centros base de orientación y valoración a personas con discapacidad a la hora de certificar el grado de discapacidad de las víctimas de trata con fines de explotación sexual en situación irregular, ya que “tienden a minimizar” la valoración y ello dificulta el acceso de estas mujeres y niñas a ayudas y servicios.

Así lo afirmó este jueves la investigadora Beatriz Sagrado, autora del estudio ‘La trata de mujeres y niñas con discapacidad con fines de explotación sexual en España’, presentado hoy en la sede del Ministerio de Igualdad.

Se trata del primer estudio llevado a cabo en España sobre este fenómeno de la trata con fines de explotación sexual centrado en las mujeres y adolescentes con discapacidad, “una realidad invisible” sobre la que, según Sagrado, “carecemos absolutamente de datos”.

En su intervención, Sagrado lamentó “la insensibilidad” de los centros base (dependientes de las consejerías de Servicios Sociales y responsables de valorar el grado de discapacidad) respecto a la situación de las víctimas de explotación sexual, “sobre todo en situación administrativa irregular”, y afirmó que “tienden a minimizar la gravedad de su discapacidad” y a limitar de este modo su acceso a las ayudas.

Asimismo, llamó la atención sobre las barreras “cognitivas, culturales y sociales” que impiden a muchas de estas niñas y mujeres “reconocerse primero como víctimas, contárselo a alguna persona de confianza y finalmente denunciar”.

INVISIBILIDAD

La investigación parte de 44 entrevistas a informantes clave y de un grupo de discusión entre cinco representantes de organizaciones de apoyo a personas con discapacidad, pues “carecemos de una base de datos sobre la prevalencia de la discapacidad entre las víctimas de trata con fines de explotación sexual”.

“No existen registros de mujeres y niñas con discapacidad explotadas sexualmente”, recalcó Sagrado, lo que lleva a la invisibilidad del fenómeno. “Podría decirse que no hay”, aseguró, por lo que exigió incorporar esta perspectiva a las estadísticas sobre trata y prostitución que manejan las administraciones públicas y explicó que actualmente “recurrimos a entrevistas exploratorias con organizaciones de apoyo y con supervivientes que han acudido a ellas para buscar ayuda”.

Entre algunos testimonios, destacó el de una chica que alertaba de que “muchas mujeres con discapacidad física o sensorial recurren a ‘onlyfans’ por falta de alternativas para ganarse la vida”, y otro sobre la presión que desde las redes sociales se puede ejercer para que las víctimas caigan en la trata y la prostitución.

El estudio maneja una definición amplia de explotación sexual, basada en la definición de Naciones Unidas, para incluir también la prostitución, la pornografía y otros tipos de abusos. Según sus conclusiones, las niñas y mujeres con discapacidad intelectual grave o con movilidad muy reducida “corren un riesgo mayor de ser explotadas por personas de su familia o por trabajadores de los centros que les atienden”. Además, subraya que algunas mujeres adquieren discapacidad física o sensorial a consecuencia de la violencia sufrida, y sostiene que “resulta imposible discernir si los problemas conductuales y cognitivos de muchas mujeres con discapacidad intelectual o psíquica se deben a esta condición o si son consecuencia de la explotación sexual previa”. En general, todas las víctimas presentan “problemas de salud mental”.

FALTA FORMACIÓN

Según el estudio, “en las investigaciones e intervenciones policiales se suele omitir la discapacidad” de las víctimas de trata como factor a tener en cuenta, y “faltan recursos y formación en las estructuras dirigidas a la atención de estas mujeres”.

En los recursos y servicios para víctimas de explotación sexual “carecen de formación sobre discapacidad y muchas veces hay problemas de accesibilidad”, indicó Sagrado, mientras que las organizaciones de discapacidad no tienen formación suficiente sobre temas de trata.

En conclusión, el trabajo recomienda que en los procesos jurídicos la condición de discapacidad de las víctimas “se considere como elemento concurrente para concluir que se ha producido una situación de abuso”.

También aconseja mejorar la formación de los profesionales e incorporar la perspectiva de discapacidad en los protocolos de detección, derivación y atención, así como en las estadísticas oficiales. Para ello, “necesitamos una labor de concienciación social y el compromiso del Gobierno de adoptar políticas públicas” encaminadas a dar soluciones a este problema, reclamó Sagrado.

En la presentación del estudio participaron el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que subrayaron la importancia de esta investigación para “disponer de datos fiables que nos permitan desarrollar políticas públicas eficaces y ajustadas a la realidad”.

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