El Gobierno destinará a Castilla y León más de 3,6 millones de euros con el objetivo de asegurar la accesibilidad a la vivienda a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Estas aportaciones serán repartidas entre las comunidades y ciudades autónomas conforme a los criterios de distribución aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Las administraciones beneficiarias, en coordinación con la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, desarrollarán actuaciones tanto de accesibilidad universal mediante ayudas a particulares y comunidades de propietarias y propietarios, como actuaciones de accesibilidad en el interior de las viviendas, entre otras.
Según se argumenta desde la Delegación del Gobierno en Castilla y León, la pandemia ha situado en una posición de extrema gravedad a 100.000 personas mayores, con discapacidad y en situación de dependencia, que viven en comunidades de propietarios, carentes de medidas de accesibilidad para salir a un centro de día, a dar un paseo o, incluso, a ir a un hospital. Además, muchas de estas viviendas carecen de ducha adaptada. Todos estos factores obligan a estas personas a vivir en situaciones de precariedad, inseguridad e insalubridad, que en ocasiones les llevan a tener que abandonar sus casas, sus pueblos o sus barrios, al margen de su voluntad, para vivir en un entorno institucionalizado.
