En Castilla y León hay alrededor de 85.200 mujeres con alguna discapacidad, ya sea física o mental. De ellas, tres de cada diez no tienen estudios, el 20 por ciento cuenta con estudios primarios y apenas un once por ciento cuentan con estudios superiores, como puede ser un Grado, una Diplomatura, una Licenciatura e incluso un Máster Universitario, que tienen el 1,5 por ciento de este colectivo.
Además, en el informe se advierte de la creciente situación de pobreza y riesgo de exclusión social en el colectivo ya que el 74 por ciento de estas mujeres con discapacidad perciben menos de 11.500 euros al año y tan solo un 4,2 por ciento cobra entre 20.000 y 30,000 euros.
Estos son solo algunos datos que se extraen del estudio de Cermi Castilla y León elaborado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (Inico) sobre la situación de las mujeres con discapacidad en la Comunidad, en el que se ha preguntado a más medio millar de estas personas, en el que se pone de manifiesto también que cuatro de cada diez mujeres con capacidades diferentes aseguran sentirse discriminadas.
La consejera, a tenor de estos datos, apostaba por avanzar más en la formación académica de estas mujeres para promover su desarrollo personal y favorecer su acceso al mercado laboral con el que puedan ganar en autonomía también y hacer frente a esa creciente sensación de dependencia y falta de elección a la que están sometidas estas mujeres con discapacidad.
Otro de los datos preocupantes de este estudio es no todas estas mujeres con discapacidad conocen que existe la figura del asistente personal. Concretamente, seis de cada diez de las encuestadas dice que sí que sabe lo que es pero solo el 21 por ciento lo utiliza, cuando se trata de un recurso que, además, sirve como fuente de empleo para el colectivo, puesto que aparte de aprovecharse de él también pueden ser asistentes personales.
La necesidad de obtener más autodeterminación y mejorar los niveles de inclusión social que les permita mayor participación social; e impulsar, de la mano de CERMI y de las universidades, los programas de prevención de la violencia hacia las personas con discapacidad, son otras de las demandas que lanza la consejera tras conocer este informe.
Desde el CERMI, por su parte, Juan Pérez advierte de que aún hoy vivimos en una sociedad “bastante machista y capacitista” y asegura que frente a ello están intensificando el trabajo en el empoderamiento de las mujeres con discapacidad para plantar cara también a la discriminación de género y violación de derechos humanos que padecen.
