Sube un 8,35% la financiación a las corporaciones para servicios sociales con vigencia para tres años

Fecha

29/11/2018

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La Junta de Castilla y León transferirá un total de 316,7 millones de euros a las corporaciones locales de la Comunidad competentes en materia de Servicios Sociales –los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las nueve diputaciones provinciales– para potenciar estos servicios y garantizar los empleos de los 1.200 profesionales que trabajan en este ámbito a los que se sumarán otros 92 entre 2017 (82) y 2018 (10) para reforzar la actividad de los 189 Centros de Acción Social repartidos por toda la Comunidad.

Así consta en el Acuerdo Marco de Servicios Sociales aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno que contempla un incremento del 8,35 por ciento en la financiación de la Junta a las corporaciones locales que prestan servicios sociales con la novedad de que tendrá una vigencia de tres años, frente a los dos de acuerdos anteriores, con el objetivo de dar estabilidad a los distintos programas, garantizar la financiación de los municipios y ofrecer más calidad a los usuarios, unos 200.000 según los cálculos de la Consejería.

Según ha explicado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, el importe de la anualidad de 2017 alcanza los 104,27 millones de euros mientras que para los años 2018 y 2019 se han fijado sendas cantidades de 106,23 millones que serán “cuantías mínimas garantizadas” por lo se podrán aumentar en función de los incrementos presupuestarios que se produzcan en los citados años.

De acuerdo a los criterios de la Ley de Servicios Sociales y al Catálogo de Servicios Sociales, la financiación de estos 316,7 millones de euros se repartirá en “tres grandes áreas de actuación” como son los profesionales de los equipos de Acción Social, a los que se destinan 77,17 millones de euros, un 12,35 por ciento más; la atención a situaciones de Dependencia, con 186,9 millones, un 8,12 por ciento más que en el anterior acuerdo, y la Red de Protección a las Familias y personas, con 52,64 millones de euros.

En concreto, la aportación de la Junta al área de atención a las situaciones de dependencia servirá para prestar el servicio de ayuda a domicilio, el más demandado y el de mayor financiación ya que dispondrá de 162 millones de euros (13,5 más) en las tres anualidades para facilitar el desarrollo o mantenimiento de la autonomía personal, prevenir el deterioro individual o social y promover condiciones favoreables en las relaciones familiares y de convivencia para contribuir a la permanencia de las personas en su entorno habitual de vida.

A través de este servicio, en el que trabajan casi 5.000 profesionales en la Comunidad, se atiende cada año a 28.000 personas en Castilla y León.

Esta aportación servirá también para prestar el servicio de teleasistencia, para las personas mayores, para las personas con discapacidad, formación para cuidadores no profesionales, para el mantenimiento de los equipos de promoción de la autonomía personal (EPAP) y para programas de envejecimiento activo y prevención de la dependencia de personas mayores, así como programas para personas con discapacidad.

En cuanto al área de personal profesional de los equipos de Acción Social Básica, la consejera ha destacado el incremento del 8,15 por ciento de los profesionales de Servicios Sociales financiados por la Junta de los que 844 desempeñan su trabajo en los equipos básicos y 376 en los equipos que atienden necesidades específicas en materia de dependencia, infancia y exclusión social.

Según ha recordado, estos profesionales darán prioridad al acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y a la valoración y seguimiento de las situaciones de dependencia en el compromiso de la Junta de reducir los plazos de acceso a los tres meses, como marca la Ley.

Por último, en cuanto a la Red de protección a las familias y personas incluye una serie de programas para la protección a las familias y personas en riesgo de exclusión social como el servicio de apoyo familiar y técnico para familias vulnerables, dotado con 11,31 millones de euros, en el que trabajan 117 profesionales y que atiende cada año a 3.000 personas en la Comunidad.

En el caso de las ayudas para situaciones de urgencia social, con más de 32.000 beneficiarios al año, contarán con 15,74 millones de euros, para prestaciones económicas para necesidades básicas de subsistencia en situación de urgencia social, prestaciones extraordinarias frente a situaciones de deuda hipotecaria y prestación económica de apoyo a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad, destinada a atender las necesidades básicas en situación de urgencia social para mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad.

A estos servicios se suman el de apoyo preventivo a la infancia y a la adolescencia en situación de riesgo, que contará con 2,18 millones; el programa Crecemos, con 5,83 millones; el servicio de apoyo familiar para la protección a la infancia, con 17,46 millones, y servicio de actuaciones preventivas para familias con hijos menores en situación de riesgo, con 88.623 euros.

García ha aprovechado la ocasión para recordar que este Acuerdo Marco supone una apuesta de la Junta por el medio rural ya que el 60 por ciento se aplicará en el ámbito rural donde trabajan 657 profesionales, el 54 por ciento de la plantilla, y donde están el 83 por ciento de los CEAS.

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