Un total de siete comunidades autónomas (Asturias, Galicia, Extremadura, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana) todavía no han actualizado las cuantías económicas que perciben los beneficiarios del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la dependencia (SAAD) ,tal y como establece la nueva normativa, ni tampoco han mejorado la intensidad de las prestaciones.
Así se deduce de un informe del Comité Español de Representantes de Personas Con Discapacidad (Cermi) al que ha tenido acceso Servimedia, que recoge información actualizada a 7 de noviembre sobre esta cuestión de todos los cermis autonómicos, a excepción del País vasco.
En dicho documento, se analiza el estado de la actualización de las cuantías económicas y la mejora de la intensidad de las prestaciones del SAAD para adecuarlas a los nuevos parámetros del Real Decreto 675/2023 en las distintas comunidades autónomas y, en caso negativo, las acciones de incidencia llevadas a cabo por las entidades.
Según el informe remitido ya al Imserso, los Cermis de aquellas autonomías donde aún no se ha producido la adecuación del real decreto de julio han solicitado y mantenido reuniones con las consejerías del ramo, ofreciéndose como interlocutores directos para el establecimiento de un calendario.
En Asturias adujeron “que había un atasco informático” y en Cataluña aseguraron que la situación estaría resuelta a finales de año.
Por su parte, la Comunidad Valenciana solo aplica las novedades a los beneficiarios incorporados al sistema a partir de agosto (Cantabria lo hace de oficio solo con algunas de las nuevas incorporaciones), y Castilla-La Mancha llevó a cabo una subida parcial, aplicable a otro concepto.
Andalucía, Aragón, Canarias, Comunidad de Madrid, Baleares, Región de Murcia, La Rioja, Navarra y Castilla y León sí se han adecuado a la nueva normativa , que conlleva un aumento de las cuantías económicas y de las horas concedidas por prestación de servicio.
La mayoría de ellas aprobaron normas propias (órdenes autonómicas o decretos-ley), aunque algunas se limitan a recoger las actualizaciones en la publicación de cada resolución (caso de Madrid) o resuelven la cuestión mediante instrucciones internas, como Baleares. El trabajo no ofrece información ni de País Vasco, ni de Ceuta y Melilla