Sentencia obliga a ICASS a revisar discapacidad afectada sensibilidad química

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Una resolución judicial obliga al Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) a revisar el grado de discapacidad de una mujer afectada de Sensibilidad Química Múltiple a la que se negaba una plaza de aparcamiento especial al no poder utilizar el transporte público.

En la resolución, el juez del Juzgado Social 33 de Barcelona ha estimado la demanda de la mujer, que presenta una disminución del 70% y necesita de la ayuda de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria.

J.M.M. tiene reconocida su situación de incapacidad permanente en grado de absoluta derivada de un accidente de trabajo y su cuadro clínico incluye fatiga crónica y fibromialgia, patologías que se acostumbran a combinar con el Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple, según explica en un comunicado el Colectivo Ronda, que ha asesorado y representado a la demandante.

Sin embargo, el ICASS determinó un grado de discapacidad insuficiente para acceder a determinadas ventajas en cuestiones de movilidad, como solicitar una plaza de aparcamiento especial en la vía pública o la posibiidad de ocupar las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.

Este organismo público dependiente de la Generalitat argumentaba el Real Decreto 1971/99, que incluye el baremo por determinar la existencia de dificultades para utilizar transportes colectivos, un baremo que no tiene en consideración la situación de las personas afectadas por patologías de origen ambiental, como el Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple, ya que en el año de su aprobación (1999) aún no se contemplaba como una enfermedad crónica.

El citado real decreto considera que sólo las personas en silla de ruedas, las que necesitan servirse de dos muletas o las que tienen graves deficiencias intelectuales tienen dificultades para utilizar los transportes públicos.

No se menciona a personas que, como J.M.M., pueden padecer graves crisis de salud simplemente por el hecho de viajar al lado de una persona que haya utilizado un desodorante o lleve colonia.

El juez considera que “no puede obviarse el espíritu de la norma” (el Real Decreto) y que “la demandante presenta un importante grado de disminución, extremo en el que no hay controversia entre las partes, y una imposibilidad manifiesta a su incorporación al transporte público, que no está adaptado a su disminución”.

Para el Colectivo Ronda, esta resolución es importante ya que supone “un paso más hacia el reconocimiento de una grave enfermedad que, según el Hospital Clínico de Barcelona, puede llegar a afectar en mayor o menor grado hasta a un 12% de la población de España”.

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