La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, reclamó hoy al PSOE de la Comunidad que exija al Gobierno de España la derogación de la disposición adicional cuarta de la nueva Ley Orgánica de Educación (Lomloe) que, según la consejera, retira progresivamente la financiación de los centros de educación especial como centros de referencia para este cometido.
Lucas respondió así a la pregunta de la procuradora socialista Isabel Gonzalo, relativa a las condiciones laborales del personal de los centros de Educación Especial adscritos a entidades sin ánimo de lucro, que en realidad iba dirigida a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, pero que por su formulación parecía relativa a la educación de las personas con discapacidad.
Por ello, Lucas mantuvo que la Junta “siempre ha defendido, con un compromiso firme y contundente, los centros de educación especial”, que en Castilla y León son doce concertados y en los que, de manera reciente, se han aplicado “mejoras retributivas a todos los profesionales, desde la carrera docente a las pagas extraordinarias” para que los profesionales “tengan las mismas retribuciones que en los centros públicos”.
“Nuestro compromiso contrasta muy mucho con el que el Gobierno de Sánchez hace con la disposición adicional cuarta de la Lomloe”, continuó esgrimiendo Lucas, concluyendo con la petición realizada al Grupo Parlamentario Socialista contra una ley cuya disposición adicional cuarta “socava el derecho de las familias de elegir la educación de sus hijos y el derecho a la educación especial en sí mismo”.
Sin embargo, la pregunta parlamentaria de Isabel Gonzalo, realizada durante la sesión plenaria de hoy, se refería a la “falta de personal, medios y soluciones” en los centros concertados de atención a las personas con discapacidad, que aseguró que cuentan con “dotaciones económicas insuficientes y una falta de control cuyas carencias sufren los empleados y los usuarios”.
“La realidad es la precariedad”, aseguró Gonzalo, denunciando el “empleo de mala calidad, cuyos salarios no llegan al SMI” y que genera unas “indignas condiciones laborales y económicas que destruyen la salud de los trabajadores de atención a la discapacidad” y que repercute en los usuarios.
