Según la nueva Ley las personas con discapacidad «tienen derecho a decidir el número de hijos que quieren tener».
La Ley Orgánica sobre Salud Sexual y Reproductiva, que modifica la actual norma de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sigue dando pasos hacia su aprobación, y hoy se presentan en el Congreso las enmiendas.
La nueva ley acaba con dos elementos que, a juicio de la ministra de Igualdad, Irene Montero, frenaban el ejercicio del «derecho al aborto libre, gratuito y universal» de las mujeres en nuestro país. Estas son las principales novedades de la norma legislativa que regulará el aborto.
Desde los 16 años sin permiso paterno
Desde cuando entre en vigor, las menores de 16 y 17 años decidirán «libremente sobre su maternidad» y las personas con discapacidad «tienen derecho a decidir el número de hijos que quieren tener». También suprime cualquier plazo que no sea el de las primeras catorce semanas de gestación para poner fin a la misma.
Además, elimina los tres días obligatorios de reflexión e incluye una baja incapacitante por interrupción voluntaria del embarazo, además de un servicios de asistencia y acompañamiento integral y especializada.
Confidencialidad
Una novedad es la protección de los datos de las mujeres que aborten. Se modifica el artículo 23 de la anterior norma (de 2010) y se añade una cuestión llamativa: se destruirá el rastro informativo que deja un aborto. Los datos de la paciente que tenga el centro que haya interrumpido su embarazo desaparecerán a los cinco años desde la fecha de alta. Su historia clínica no se conservará, solo la documentación esencial.
No a la gestación subrogada
Con una posición más determinante sobre los procesos de gestación subrogada, el PSOE se impone en esta ley del Aborto al perseguir como una forma de violencia a las mujeres que se contrate la gestación por sustitución del útero de la mujer a otra mujer.
Registro de objetores de conciencia
Del mismo modo, garantiza la objeción de conciencia, que se regula del mismo modo que en la Ley de Eutanasia para garantizar que siempre habrá personal disponible para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Además, la norma recoge que quien se declare objetor, será de aplicación en la sanidad pública y privada.
En todos los hospitales públicos
Las unidades tendrán que organizarse y poner a todo el personal que sea necesario y suficiente para practicar un aborto en cualquier provincia del país, en un servicio público. Si no es posible y solo excepcionalmente, recoge el borrador de la ley, se facilitará que se haga en una clínica privada acreditada siempre a cargo del erario público.
Píldora del día después gratuita
Entre las medidas que recoge esta norma está también que los centros de salud y centros servicios de salud sexual y reproductiva despacharán la píldora del día después de forma gratuita.
También se recoge el reparto de forma gratuita de métodos anticonceptivos en centros educativos vinculado a campañas sobre educación sexual.
Bajas por reglas incapacitantes
Por otra parte, esta ley dedica un apartado a los derechos relativos a la salud menstrual de las mujeres en todas las etapas de la vida que incluye la baja específica para las mujeres que tengan reglas muy dolorosas e incapacitantes, y que en los institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos o centros sociales se repartan gratuitamente productos de salud menstrual, como tampones, compresas o copa menstrual con el objetivo de acabar con la pobreza menstrual.
Permiso retribuido desde la semana 39
Finalmente, esta nueva norma incluye medidas para fomentar las buenas prácticas en todas las etapas del embarazo, especialmente, en el parto y en el postparto, entre ellas, la incorporación de una baja preparto desde la semana 39 de gestación, que no consumirá ningún día del permiso de maternidad.
