Presentan un informe que aborda la protección jurídica de las personas con discapacidad

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El Parlamento de Canarias acogió la presentación del ‘Informe 2011 sobre protección jurídica de las personas con discapacidad en España’, elaborado por la Fundación Derecho y Discapacidad, y que contó con la presencia del presidente de la Cámara, Antonio Castro, y el decano del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Caballé.

El informe fue presentado por el vicepresidente de la Fundación Derecho y Discapacidad, José Javier Soto, y, según expuso, éste ofrece una visión adecuada en el tiempo sobre el impulso legislativo y la aplicación de los derechos recogidos en estas leyes.

Entre los aspectos que recoge destacó la Ley de Adaptación normativa a la Convención de la ONU y del reglamento que lo desarrolla, que dan lugar a un gran cambio en materia de discapacidad; al mismo tiempo que, añadió, se enriquece con la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020, que incluye acciones concretas en salud, educación o empleo; así como un informe parlamentario que acoge la actividad realizada por las Cortes Generales y el ámbito de la discapacidad, o el seguimiento de la Convención de la ONU en nuestros tribunales.

Asimismo, apuntó que nunca hemos dispuesto de “normas de tanta potencia” y que reconozcan tal número de derechos, aunque también reconoció que “quedan muchas por adaptar”, como es la “urgente” reforma del Código Civil, y que “estamos muy insatisfechos” por la aplicación real de las normas y el efectivo ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, así como por “la demora que se sigue produciendo en la aplicación inmediata de la Convención de la ONU que habla de Derechos Humanos y libertades fundamentales”.

Por último, el presidente de la Fundación, Luis Cayo Pérez Bueno, manifestó que este informe ha nacido de un impulso de la sociedad civil preocupada por la promoción y activación de los derechos de las personas con discapacidad y, según incidió, después de 40 años de régimen democrático, “las personas con discapacidad no nos sentimos incluidos en la comunidad y vemos que los derechos humanos tienen todavía enormes dificultades para verse verificados, y vemos que el derecho todavía no nos protege los suficiente para ser la aspiración que queremos todos”.

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