El PP y el PSOE han registrado en el Congreso de los Diputados dos proposiciones no de ley que tienen como objetivo instar al Gobierno a que reconozca de manera efectiva las lenguas de signos y se regulen los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Ambas proposiciones, que serán debatidas en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, tienen ligeras diferencias entre sí, pero las dos tienen su origen en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Tal y como menciona el PSOE en la exposición de motivos, esta ley «dio respuesta a las necesidades de un colectivo que venía demandando el apoyo y la implicación de las administraciones públicas para lograr su integración efectiva», de manera que el Titulo I regulaba el aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas de signos españolas y el Título II se ocupaba del aprendizaje, conocimiento y uso de los medios de apoyo a la comunicación oral.
Sin embargo, la disposición final cuarta de la ley establece que «el Gobierno elaborará, específicamente, un reglamento que desarrolle la utilización de la lengua de signos española, así como los apoyos para cualquier tipo de ayuda técnica que contribuya a la eliminación de las barreras de comunicación para la integración social de las personas sordas con discapacidad auditiva o sordociegas».
Por ello, el Grupo Socialista defiende que para lograr que la ley despliegue todos sus efectos «es necesario que se culmine su desarrollo con la aprobación de un reglamento que regule la utilización de la lengua de signos española, así como los apoyos para cualquier tipo de ayuda técnica que contribuya a la eliminación de las barreras de comunicación para la integración social de las personas sordas con discapacidad auditiva o sordociegas».
En este sentido, insta al Gobierno a «aprobar, en el plazo máximo de tres meses, el Reglamento de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, así como a dotarlo con los medios humanos y materiales que sean necesarios».
Por su parte, la proposición del PP, insta al Gobierno a «impulsar» ese citado reglamento «en colaboración con las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales, previa consulta a las conferencias sectoriales correspondientes y al Consejo Nacional de la Discapacidad».