En una entrevista con la agencia de noticias Servimedia, Laucirica reconoció que “el momento es muy complicado” para toda la sociedad, pero las entidades del mundo asociativo, y en concreto las que atienden a estas personas, “lo tienen aún más difícil”.
“Necesitamos una financiación asegurada que nos permita llegar a un punto de sostenibilidad”, declaró, para que “nuestra supervivencia ” no dependa de “estar peleando para recibir el dinero” por los servicios prestados.
Explicó que, en la actualidad, las entidades esperan que las administraciones les abonen los costes de dichos servicios (que ellas proporcionan a los usuarios), pero “lo ideal” sería contar con un reconocimiento previo y una financiación asociada. Se trata de que “nuestra supervivencia no pase por estar demandando que nos abonen los servicios que prestamos”, afirmó.
Laucirica destacó que las asociaciones de Plena inclusión “ya tenían problemas para llegar a final de mes antes de la pandemia”, pero “ahora todo es más complicado”. “Hemos implantado nuevas normas y medidas sanitarias y se manejan grupos más pequeños“, apuntó, elementos “necesarios” que lógicamente generan “un sobrecoste”.
Asimismo, subrayó la necesidad de “dignificar las condiciones de nuestros trabajadores”, que están sujetos a convenios “que no son los mejores” y lamentó que , incluso así, parece que tenemos que estar luchando para que esos mínimos se cubran desde la administración”.
MODELO DE RESIDENCIAS
En esta misma línea, la nueva presidenta valoró de forma positiva la propuesta de acreditación de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), aunque pidió que se asegure una financiación suficiente para ponerla en práctica.
“No podemos estar en desacuerdo con una petición que llevamos años defendiendo”, afirmó, que en el fondo se resume en que “las personas con discapacidad intelectual “vivan en entornos más amigables”.
Según el borrador que maneja el Gobierno, los nuevos centros deberán ser de menor tamaño, la ratio de trabajadores dedicados a la atención directa prácticamente tendrá que duplicarse y todas las residencias habrán de organizarse en unidades de convivencia de 15 personas como máximo.
Esto permitirá un trato más individualizado, señaló Laucirica, “donde los usuarios “disfrutarán de mayor libertad de circulación y de acción”. Sin embargo, esta mejora del modelo “no puede salir adelante sin un respaldo económico que la propicie”, advirtió.
En su opinión, el rechazo de varias comunidades Autónomas a la anterior propuesta del Gobierno, que apuntaba en este sentido, tenía mucho que ver con “el temor” a cómo se sufragará la transición hacia el nuevo modelo.
Consideró que la adaptación de los centros ya existentes será lo más complicado y resaltó “que la realidad es además muy diferente en función de cada comunidad autónoma”. “Desde la inversión que realizan hasta el enfoque con el que se aproximan a la inclusión, existen grandes diferencias entre comunidades”, subrayó.
De ahí, dijo, la importancia de los Comités de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermis) autonómicos, para que la discapacidad organizada defienda sus planteamientos.
