Plena inclusión España alertó este lunes de la «crítica situación» y del «riesgo de cierre» que enfrentan las asociaciones del sector de la discapacidad intelectual, que reciben una financiación entre un 25 y un 30% inferior al coste de los servicios que prestan.
Según su director general, Enrique Galván, “vivimos una crisis desconocida desde la que azotó al Tercer Sector en el periodo 2008-2012″. “Si las administraciones públicas responsables no lo remedian, en 2025 la amenaza de cierre sobrevuela sobre asociaciones que prestan apoyos fundamentales a miles de personas con discapacidad intelectual y a sus familias”.
Por todo ello, Plena inclusión ha lanzado la campaña ‘#SinRecursosNOhayCuidados’, a fin de dar la voz de alarma y sensibilizar a responsables políticos y a la sociedad española. Se estrena en vísperas del 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad. Esta acción de incidencia política y sensibilización social pretende prolongarse hasta el próximo verano, y remite al documento ‘Por un Pacto de Estado para la Dignificación del Sector de los Apoyos y los Cuidados’.
Entre otros puntos, Plena inclusión advirtió que el final del plan estatal de choque de la dependencia y la incertidumbre sobre la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado generan «un contexto poco esperanzador». Indicó que las subvenciones y ayudas a la inversión y al mantenimiento de centros, que «eran tan frecuentes a principios de la década de los 2000, se han eliminado prácticamente en todos los presupuestos autonómicos».
A pesar de ello, «las entidades se ven obligadas a financiar medidas de transformación digital o de transición climática, con cambio de sistemas de movilidad, refrigeración y calefacción, etc.». A su juicio, las organizaciones chocan con un cálculo desajustado de los precios/plaza que la administración paga a través de conciertos o de contratos, «que están entre un 25% y un 30% por debajo del coste real». «Eso sí, desde las administraciones se sigue aumentando las exigencias de servicio en cuanto a atención personalizada, planes de apoyo conductual y tecnología disponible», puntualizó.
Dice que son requisitos del nuevo marco de acreditación de servicios, que no garantiza los recursos suficientes. A esto hay que sumar la ley de desindexación, el impacto negativo del IVA soportado de las entidades exentas de este y el aumento de cargas administrativas y de cumplimiento legal como sistemas de ciberseguridad, compliance, etc.
“El comportamiento de las administraciones autonómicas, salvo algunos anuncios esperanzadores, se limita a ofrecer subidas insuficientes o congelación de la financiación», criticó Galván. En su opinión, «estas son conscientes de la injusta situación vigente, pues los recursos públicos de atención a personas con discapacidad que ellas gestionan tienen un coste superior». Ello «supone «un riesgo sistémico que cuestiona el ejercicio de los derechos humanos de muchas personas y sus familias», concluyó.
