Plena inclusión denuncia el “escaso impacto del plan de choque en dependencia” en el sector de la discapacidad intelectual

Fecha

22/09/2021

Medio

Servimedia

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Plena inclusión España trasladó al Gobierno su preocupación acerca de “las enormes dificultades” de sostenibilidad a las que se enfrentan gran parte de sus 940 asociaciones, durante la reunión de la Mesa de Diálogo Civil sobre el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Durante el encuentro, Plena inclusión resaltó el “escaso impacto del Plan de Choque sobre dependencia” lanzado por el Ejecutivo en 2020, que hasta el momento no ha mejorado la situación de las organizaciones dedicadas a la discapacidad intelectual y del desarrollo.

A ello hay que sumar “los sobrecostes de la pandemia ya identificados; el encarecimiento de los suministros; la recién aprobada elevación del SMI y su natural traslado a los costes laborales, y el sobreesfuerzo mantenido por las entidades durante un periodo tan prolongado de tiempo”, explicó el director de la confederación, Enrique Galván.

Según advirtió, todos estos factores “hacen peligrar la viabilidad social y económica de los recursos de apoyo a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo”.

En la mesa participaron representantes de organizaciones del Tercer Sector y responsables de la Administración como el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y el director general del Imserso, Luis Barriga.

Galván también saludó el borrador del nuevo sistema para de acreditación de la dependencia, que a su juicio “va en línea con las propuestas del sector de personalizar los apoyos”.

El documento apuesta por los servicios comunitarios y da más poder a las personas y familias, frente a las tradicionales carteras de servicios rígidas y centradas en condiciones materiales respecto a proyectos de vida, afirmó. Sin embargo, alertó del peligro que conlleva no generar las medidas concretas que hagan posible esta evolución.

En su opinión, es urgente “dignificar a las personas que trabajan en las entidades, que han demostrado un gran compromiso durante la crisis sanitaria; mejorar su formación, promover nuevos roles de apoyo como la asistencia personal, y promover una revisión realista de los precios públicos.

También instó al Ejecutivo a solucionar un copago injusto que limita la capacidad económica de la persona y las familias, así como sus oportunidades de vivir en comunidad.

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