Plena Inclusion cree inaplazable que el gobierno garantice el voto a las personas con discapacidad intelectual

Fecha

29/11/2018

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Plena Inclusión afirmó este miércoles que es inaplazable que el Gobierno ejecute la reforma de la Ley Electoral para garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual.

Plena Inclusión hizo estas afirmaciones tras la presentación de un documento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por parte de la Comisionada europea en este ámbito, Dunja Mijatovic, quien advirtió de que España no puede privar del derecho al voto a las personas con discapacidad intelectual. Estas observaciones llegan después de que la española María del Mar Caamaño llevase su caso al citado Tribunal Europeo tras haberle sido retirado este derecho a su hija Mara.

Como organización representante de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en España, Plena inclusión “espera que, tal y como nuestro presidente Santiago López Noguera solicitó en su comparecencia ante la Subcomisión para la reforma electoral el pasado mes de febrero-, se mantenga íntegramente la proposición de ley para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad actualmente en tramitación parlamentaria (iniciativa 125/000016) con el fin de garantizar de una vez por todas este derecho básico a 100.000 ciudadanos y ciudadanas españolas que actualmente están privados del mismo”.

En un comunicado, Plena Inclusión señaló que estas nuevas observaciones se basan en la propia Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las personas con Discapacidad, así como en el trabajo de la Oficina del Comisionado sobre el derecho de voto de estas personas y en una visión general del Consejo de Europa.

En ellas, y en línea con lo que organizaciones como Plena inclusión llevan años advirtiendo en toda Europa, Mijatovic afirmó que una privación del derecho al voto de estas personas basada únicamente a su discapacidad, es contraria a estas normas y supone una discriminación, aun cuando haya habido por parte de un juez una evaluación sobre su capacidad cognitiva o su estado mental, ya que en nuestras democracias modernas nadie debería tener que “justificar por qué vota por un partido o candidato en particular” y esta privación del voto “no protege ni a la persona ni a la sociedad”.

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