Plena Inclusión ha reivindicado el reconocimiento legal explícito del derecho a la accesibilidad cognitiva para 270.000 de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
La organización y el CERMI demandan desde hace años la mención explícita de la accesibilidad cognitiva en el ordenamiento jurídico. El pasado mes de junio, el Senado admitió a trámite la reforma de la Ley sobre los derechos de las personas con discapacidad para incluir esa mención. Ahora la ley se está tramitando, en su fase definitiva, en el Parlamento.
Plena inclusión se ha reunido con todos los partidos políticos para acercar posiciones; demandando al Congreso de los Diputados la aprobación urgente de este reconocimiento. «Los derechos de las personas con dificultades de comprensión no pueden esperar», defiende, Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena Inclusión España y líder con discapacidad intelectual.
Una larga lucha por los derechos de las personas con discapacidad
Desde hace décadas, Plena Inclusión ha defendido la extensión de diferentes sistemas y metodologías relacionadas con la accesibilidad cognitiva a toda la información de interés público y espacios de uso común. Plena Inclusión es la principal organización representante de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias en España.
Desde Plena Inclusión se señala la paradoja que supone la desaparición de la incapacitación legal. Sin embargo, que no se haya aprobado aún el reconocimiento legal de la accesibilidad cognitiva.
«Su aprobación permitiría su desarrollo y generar mejores apoyos para las personas que antes estaban incapacitadas por ley». Así lo confirma Santiago López. Él es el presidente del movimiento que agrupa a 940 asociaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral) y sus familias.
La importancia de la accesibilidad cognitiva
La accesibilidad cognitiva no solo beneficia a 268.633 personas con discapacidad intelectual en nuestro país. Además, ayuda a entender mejor a otras 481.544 personas con problemas de salud mental, o sobre 8.657.705 personas mayores.
Tras ello, reclama el uso de la accesibilidad cognitiva como un derecho universal. Con él se debería permitir el acceso y disfrute de muchos otros, como el de la educación, la salud, el empleo, la cultura o el ocio. Estos derechos a su vez son básicos para el desarrollo vital de cualquier persona en nuestra sociedad.
