El fiscal pidió hoy una pena de año y medio de cárcel para el director del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital San Carlos, Manuel E.F., y para el cirujano César Antonio C.B. por esterilizar en 1997 a una joven de 18 años con síndrome de Down sin una autorización judicial.
En el juicio que se celebró hoy en la Audiencia Provincial de Madrid, los dos acusados declararon que desconocían la necesidad de contar con una autorización judicial para la realización de esterilizaciones en disminuidos psíquicos, según establece el nuevo Código Penal.
Además, aseguraron que no existe un protocolo en el hospital donde trabajan que les indicara como actuar en este tipo de casos.
Manuel E. F. señaló que "no sé por qué estoy aquí. Ni conozco a la enferma, ni tengo por qué conocerla", aunque matizó dirigiéndose al Tribunal que "creo ciegamente en la justicia".
El director del departamento de Ginecología del hospital San Carlos explicó que su función es básicamente la de coordinación de los servicios quirúrgicos, por lo que señaló que no podía conocer el historial médico de la paciente, función que corresponde a los médicos que tratan a cada enfermo.
Manuel E.F. añadió, sin embargo, que su intención no era "pasarles la responsabilidad" a los médicos que atendieron a la joven y que realizaron su historial clínico.
El otro acusado, el cirujano que realizó la esterilización, César Antonio C.B., explicó ante el tribunal que sólo supo que la joven tenía síndrome de Down por la documentación que le facilitaron justo antes de la operación, y que en esos documentos "en ningún lado aparecía que se necesitase una autorización judicial".
Manifestó que "estoy aquí por hacer mi trabajo" aunque pidió perdón y lamentó haber desconocido la necesidad de la aprobación por parte de un juez.
Según el fiscal, los hechos se produjeron después de que la madre de la joven, tras ser ésta declarada incapaz, "en la creencia de actuar en el mejor beneficio para su hija y con el fin de evitar una posible situación de embarazo no deseado", acudió a los servicios de atención primaria, donde un facultativo prescribió una ligadura de trompas y les remitió al Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
Añade que la paciente pasó a lista de espera y su madre dio curso a la correspondiente hoja de consentimiento expedida por el hospital "ignorante en todo momento aquélla de la necesidad de contar con
autorización judicial" para llevar a cabo la intervención.
Para el fiscal, tanto el jefe del departamento de Ginecología como el cirujano "se desentendieron de la existencia o no de la autorización judicial que permitiera llevar a cabo la intervención de la incapaz, no realizando comprobación ni adoptando medida de ninguna índole al respecto".
Añadió durante la vista que en ambos acusados se produjo una imprudencia profesional con un claro menosprecio hacia la normativa vigente.
Vicente Molla, doctor en Medicina Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid, declaró hoy en calidad de perito que "lamentablemente" en este tipo de supuestos no existe una práctica a seguir por los facultativos ni un protocolo en los hospitales españoles.
Sin embargo, dijo que a raíz de este caso se han producido numerosas reuniones de la comunidad de médicos especialistas en ginecología y obstetricia, por lo que ahora todos conocen la forma adecuada de proceder.
En este sentido, Molla advirtió que "este asunto no se va a volver a repetir".
Otro de los peritos que declaró hoy en el juicio, el doctor José Soriano, señaló que a pesar de haber sido sometida a una ligadura de trompas, la joven podría tener hijos por medio de la reproducción asistida, y añadió que la operación a que fue sometida "es reversible".
También testificó María Paz Tejedor, psicóloga de la Clínica Médico Forense, quien aseguró que se recomienda la esterilización en casos de minusvalía moderada, grave o profunda, porque es "absurdo e impensable que pueda ejercer la maternidad".
Las defensas de ambos acusados pidieron la absolución de sus patrocinados por entender que desempeñaron su trabajo de forma correcta y no tuvieron forma de conocer la necesidad de una autorización judicial para realizar la operación.