La responsable del área de Mujer y Familia de Plena Inclusión Madrid, Rebeca Tur, y Cristina Paredero, del grupo de personas con discapacidad intelectual que asesoran a la dirección nacional de esta federación, lamentaron la ausencia de educación afectivo-sexual en el colectivo y que, cuando esta existe, solo se centre en la anticoncepción.
En una mesa redonda sobre esterilizaciones forzosas organizada por Plena Inclusión y la agencia de noticias Servimedia, Paredero indicó que “aunque es importante hablar de anticonceptivos, no debe acaparar” todas las conversaciones sobre el tema.
“Eso puede crear la falsa impresión de que tenemos que estar todo el tiempo protegiéndonos”, prosiguió, cuando también habría que incidir “en el derecho de las personas a decidir y a elegir su propia sexualidad”. En su opinión, falta mucha educación afectivo-sexual “entre las personas con discapacidad intelectual y en la sociedad en general”. “Esto afecta de forma especial a las chicas”, recalcó.
Por su parte, la responsable de Plena Inclusión Madrid insistió en la necesidad de formar a chicos y chicas desde “pequeñitos” en temas de sexualidad y de prevención de la violencia de género. “A lo mejor se puede hacer más incidencia en la adolescencia”, admitió, “pero hay que empezar antes”.
A su juicio, “hay que dotar a las familias y a las personas con discapacidad de las herramientas necesarias para que puedan adoptar “decisiones de manera informada”, ya sea sobre si quieren o no tener hijos o sobre el uso de métodos anticonceptivos.
En esta línea, la coordinadora de la Fundación Cermi Mujeres, Isabel Caballero, denunció que se dan casos de mujeres con discapacidad intelectual a las que sus familias suministran tratamientos anticonceptivos “sin que ellas lo sepan”. “Es importante explicarles bien” qué suponen estos métodos”, prosiguió, para que sean conscientes de lo que implican y “decidan al respecto”.
Por su parte, la profesora titular de Filosofía del Derecho y directora del Instituto Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), María Carmen Barranco, exigió modificar el Código Penal español, que en la actualidad permite la esterilización sin consentimiento de personas incapacitadas judicialmente (previa autorización de un juez).
En su opinión, “las familias lo hacen para defenderlas” pero la práctica ha demostrado que las mujeres esterilizadas “son incluso más vulnerables a los abusos sexuales”. Indicó que si la mujer “decide que no quiere ser madre y se somete a este tratamiento libremente”, entonces no hace falta esta figura, y si se hace “para evitar contra su voluntad que se quede embarazada y tenga hijos, esto supone un acto terrible, contrario a los derechos humanos”.
