La responsable regional de UPyD, Fuensanta Máximo, considera que la Consejería “queda en evidencia” tras conocerse las sentencias que condenan al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) “por la interrupción a lo largo de varios años de los expedientes de dependientes que pidieron la prestación económica”.
En este sentido, Máximo indica que las sentencias “reconocen explícitamente que hay un mal funcionamiento de la Administración, culpándola de la demora en la tramitación de las ayudas, lo que resulta un hecho muy grave, y más si cabe cuando el IMAS no cita ni aporta motivos que le hayan imposibilitado la resolución dentro de los plazos estimados en la normativa”.
Igualmente, la portavoz regional explica que “las sentencias reconocen que el plazo de seis meses para resolver las solicitudes de los expedientes se ha excedido en más del doble, sin que el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) haya cumplido con su obligación y atreviéndose incluso a archivar los expedientes cuando los solicitantes fallecen, lo que representa una mala práctica y un grave perjuicio para los familiares de los dependientes ya fallecidos”.
Además, Máximo declara que comparte el diagnóstico del Colegio de Trabajadores Sociales que expresa que el Gobierno regional y la Consejería de Sanidad y Política Social “están aplicando la normativa de forma abusiva, porque el plazo que concedió el Gobierno central para que las prestaciones pudiesen paralizarse durante dos años debería aplicarse, llegado el caso, siempre una vez resuelta la concesión en el ya mencionado plazo de seis meses a tener en consideración desde el momento de la solicitud”.
Para Máximo, las sentencias vuelven a dejar de manifiesto “la falta de sensibilidad del Gobierno regional, que prácticamente ha liquidado la Dependencia en los últimos dos años, así como critica que existan dependientes que, a pesar de tener sus ayudas concedidas, ya no las vayan a cobrar hasta el año 2016”.
En relación a la aplicación de la Ley, la portavoz de la formación magenta señala que los usuarios dependientes “ya padecen desde 2012 la implantación, de forma universal e indiscriminada, de las tasas para la valoración de Dependencia, para la solicitud de reconocimiento, revisión y para la certificación del grado de discapacidad”.
“Las tasas resultan gravosas para unos colectivos que podrían tener serios problemas para asumirlas al recibir pensiones muy bajas, estar en situación de desempleo o disponer de escasos ingresos”, indica Máximo, quien ha recordado que la implantación del copago en Dependencia “ha significado un nuevo y desafortunado revés para estos ciudadanos”.
Para finalizar, la responsable regional sostiene que “el Gobierno regional se empeña en no aplicar las prestaciones y servicios” que la Ley de Dependencia contempla, poniendo a sus ciudadanos en “un contexto de desprotección frente al resto, en una materia de protección social tan básica”.