La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, ha reclamado este jueves al Estado que concrete los recursos destinados a la Ley de dependencia, después de que hacer pública su intención de reanudar la entrada de los dependientes de grado I al sistema a partir de julio.
En una intervención en el Pleno del Parlament, ha recordado que el Gobierno central paralizó precisamente la entrada de estas personas en 2011, y ha acusado al Ejecutivo de hacer anuncios sin contar con ninguna previsión económica para esta partida en los presupuestos de 2015.
Sobre las declaraciones del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, sombre ampliaciones de presupuesto para completar el despliegue de la ley, ha deplorado que éstas llegaron «sin ninguna concreción y de forma mediática».
Lo anunció en los pasillos haciendo declaraciones a los medios de comunicación, pero no habló de este tema en el transcurso del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, ha criticado la consellera.
Ha recordado que «el presupuesto del Govern de la partida destinada a la dependencia ha aumentado en las cuentas de 2015» y ya prevé la entrada en el sistema de las personas valoradas con grado I.
Se calcula que en Catalunya viven 52.500 personas potencialmente beneficiarias de grado I, y la Generalitat cuenta con hacer un «sobreesfuerzo» para atender a estos usuarios, como está haciendo hasta ahora con los de grado II y III, ha subrayado Munté.
Pese a que la Ley de dependencia la deberían pagar Estado y Generalitat a partes iguales, la financiación del Gobierno central ha pasado del 34,4% del total en 2008 al 17,4% en 2014.
«Por ello, hay que poner en valor el importante sobreesfuerzo que hace la Generalitat para mantener los servicios y las prestaciones, y también las aportaciones de los propios usuarios, que deben afrontar un copago más amplio», ha subrayado.