Montero resume que la nueva Ley del Aborto persigue que “las mujeres puedan vivir mejor”

Fecha

30/08/2022

Medio

Servimedia

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La ministra de Igualdad, Irene Montero, resumió este martes que los objetivos fundamentales del anteproyecto de Ley del Aborto que aprobó el Consejo de Ministros son “garantizar el derecho efectivo a interrumpir voluntariamente un embarazo en la red de sanidad pública, que será la referencia. más educación sexual en las aulas, más salud menstrual y más anticonceptivos para que las mujeres puedan vivir mejor”.

Así se expresó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se celebró en el Palacio de Moncloa y que, en esta ocasión, fue presidido por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en Alemania.

El anteproyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que aprobó en segunda vuelta hoy el Ejecutivo y que ahora será tramitado de forma urgente en las Cortes no cuenta con los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal porque han incumplido los plazos asignados para contestar y aún no lo han hecho.

Montero destacó ante los medios que la nueva norma supone “una garantía de los derechos fundamentales de las mujeres” porque permite “decidir sobre nuestro cuerpo, que es la puerta de entrada para el ejercicio de otros derechos. Nos permite decidir sobre nuestros proyectos de vida”.

El anteproyecto se mantiene sin cambios sustanciales del que fue aprobado ya en el mes de mayo, aunque se han introducido algunas modificaciones aportadas por las entidades sociales y que, según Igualdad, “se orientan a reforzar la capacidad de decisión de las mujeres en todas las circunstancias”.

Por ejemplo, se modifica el artículo 145bis del Código Penal que preveía como delito no entregar el sobre con información a la mujer que desea abortar, así como no respetar los tres días de reflexión. Esas dos circunstancias han sido eliminadas con lo cual la mujer no tendrá que esperar tres días para interrumpir su embarazo.

La nueva Ley del aborto también contempla que los servicios de atención integral especializada estén adaptados a mujeres con discapacidad y que las funcionarias de Fuerzas Armadas y Justicia pueden tener derecho a incapacidades temporales por menstruaciones incapacitantes y por preparto, aspectos que antes no recogía el anterior anteproyecto.

También se ha añadido un apartado para garantizar asistencia y acompañamiento para la salud mental de las mujeres en caso de muerte perinatal y se refuerza la formación de los profesionales en materia de salud sexual y reproductiva en las carreras de ciencias jurídicas, de la salud, de la educación y sociales y en los currículos de las oposiciones vinculadas a éstas.

Igualdad destaca que se han extremado las garantías en materia de protección de datos relativas al registro de objetores de conciencia añadiéndose una nueva disposición adicional.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Precisamente, sobre la objeción de conciencia, Montero dijo en la rueda de prensa que “siempre tendrá que haber personal sanitario disponible en la red de sanidad pública, como se ha hecho con Lay de eutanasia. Una vez que se sepa quién objeta, cada centro tendrá que garantizar que habrá personal disponible” para llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo.

La responsable de Igualdad recordó también que la educación sexual será obligatoria en todas las etapas escolares para “poder conocer nuestros cuerpos” y que se informará a los alumnos de los métodos anticonceptivos para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, “que han crecido en un 150%”.

Asimismo, agregó que habrá financiación pública para los métodos anticonceptivos, “sobre todo los de última generación, como la píldora del día después, que se dispensará en farmacias, y que “la regla dejará de ser un tabú”.

El proyecto será tramitado por las Cortes con carácter de urgencia y puede ser objeto de más modificaciones en el trámite parlamentario.

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