La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado en el Congreso de los Diputados que las personas con un grado de discapacidad inferior al 65% “tendrán por sí mismas la condición de asegurados”, lo que significa que serán titulares de su propia tarjeta sanitaria y que no saldrán perjudicadas por la norma.
Mato respondió así a la diputada de CiU Conchita Tarruella, quien cuestionó la afirmación hecha por la titular de Sanidad argumentando que el decreto aprobado por el Ejecutivo para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud no lo recoge así.
La norma, dijo, establece que los ciudadanos con discapacidad mayores de 26 años y en paro podrán depender o ser beneficiarios de la tarjeta sanitaria de un ascendiente sólo si tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%.
Desde esta perspectiva, Tarruella quiso saber “qué criterios ha tenido en cuenta el Gobierno para regular que la condición de beneficiario de una tarjeta sanitaria, para un descendiente con discapacidad, requiera tener un grado igual o superior al 65%”
La diputada señaló que ni el decreto ni el borrador de desarrollo sobre la condición de asegurado recogen que los descendientes de un titular mayores de 26 años con un grado de discapacidad inferior al 65% y en paro tendrán acceso a la sanidad.
Además, prosiguió la representante de CiU, la Ley de Integración de los Minusválidos (Lismi), que acaba de cumplir 30 años y que ha sido hasta ahora una referencia en todo el marco legislativo, establece como porcentaje mínimo de discapacidad para acceder a beneficios el del 33%.
Por todo esto, Tarruella pidió al Ejecutivo que “recapacite” y aproveche el desarrollo del decreto para cambiar el umbral del 65% por el del 33% a la hora de fijar beneficios sanitarios para las personas con discapacidad.
A este respecto, Mato reiteró que el decreto sanitario “no genera ningún tipo de perjuicio para las personas con discapacidad”. Al contrario, subrayó, los ciudadanos con una discapacidad inferior al 65% “tendrán por sí mismos la condición de asegurados”.
El Gobierno, indicó la ministra, trabaja ya en el desarrollo reglamentario del decreto y lo hace “teniendo muy presentes las necesidades de las personas con discapacidad y en expresa colaboración con el comité que las representa”, el Cermi.
“La sociedad española va a poder sentirse orgullosa de tener uno de los tejidos asociativos más importantes de Europa en relación con las personas con discapacidad”, concluyó la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.