Más de 2.500 personas con discapacidad, familiares, profesionales y responsables de organizaciones de discapacidad en Andalucía se manifestaron este jueves en Sevilla para exigir a la Junta y al Gobierno central “un modelo de financiación estable y suficiente” para el sector, pues “tenemos muchos centros y servicios en riesgo de cierre”.
Así lo indicó a Servimedia Marta Castillo, presidenta de Cermi Andalucía, al concluir la marcha en la sevillana plaza de la Encarnación. Según explicó, el sector precisa “un aumento de financiación de entre el 10 y el 12% por lo menos”, de cara a 2025.
«La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la inflación repercuten en el coste de los servicios que prestan nuestras entidades”, señaló, y añadió que asumen esta responsabilidad porque “las administraciones públicas no lo hacen”.
Sin embargo, los fondos procedentes de la Junta de Andalucía «nunca reflejan este encarecimiento”, lamentó, y “todos los años tenemos que estar negociando aumentos mínimos para sobrevivir”.
PROTESTAS
Por estos motivos, Cermi Andalucía protestará durante todo el mes de noviembre en las ocho capitales de la comunidad, con concentraciones en sus sedes y manifestaciones (los martes y jueves) en lugares principales. La primera marcha tuvo lugar hace dos días en Cádiz, y este jueves es el turno de Sevilla.
El presidente de Plena inclusión Andalucía, Antonio Fernández, secundó estas demandas en nombre de las organizaciones de personas con discapacidad intelectual y de sus familias. «Desde Plena inclusión Andalucía nos unimos al resto de las organizaciones de la discapacidad andaluzas para demandar una financiación justa para nuestras entidades”
“Es urgente que la Junta de Andalucía y el Gobierno central doten de ayudas dignas a cientos de organizaciones que prestan un apoyo esencial a las personas con discapacidad y a sus familias», reclamó.
CENTROS EN PELIGRO
Según Castillo, “tenemos varios centros de día, residencias, recursos de rehabilitación… que ya arrastran un déficit del 20%. Si no se les mejora la financiación muchos se verán abocados al cierre”, y reflexionó sobre el impacto que la pérdida de la terapia, del apoyo o del servicio socioeducativo del que disfrutaba tiene para una persona con discapacidad.
Por ello, piden a la Junta un modelo de financiación nuevo, estable y a largo plazo, donde el aumento de precios se indexe “de forma automática, sin tener que negociar por cada concepto”.
Asimismo, exigió al Gobierno central más financiación para todo el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) “en su conjunto” y que asuma el 50%de las aportaciones al sistema que la ley exige. “Necesitamos un pacto de Estado que incluya tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía”, demandó.