Este incumplimiento hace que más de 269.000 personas con discapacidad vivan institucionalizadas, muchas de ellas por no tener alternativa, según la plataforma.

Por ello, Predif apoya la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, en concreto la supresión del límite de 12 meses de cuotas cuando la soliciten vecinos con discapacidad o mayores de 70 años, postura compartida por el Cermi en su manifiesto por el 3 de mayo de este año.

Asimismo, reivindica la asequibilidad de la vivienda mediante políticas públicas de vivienda que faciliten soluciones de  hogar “dignas, adecuadas y libremente elegidas”, y la protección judicial del derecho a la vivienda, ya que el 94% del sistema judicial no cuenta con medidas de accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan exigir este derecho o buscar reparación ante desahucios o barreras, según apunta el Cermi.

Por último, desde la confederación continúan exigiendo el cumplimiento de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, que entró en vigor en 2013 y recordó que uno de sus supuestos daba como plazo para la adecuación de las edificaciones a las normas de accesibilidad el 4 de diciembre de 2017, que más de tres años después sigue siendo, a su entender, “una irrealidad”.