Las principales asociaciones de jueces expresaron este lunes su temor a que les llegue una “avalancha” de casos sobre capacidad jurídica de personas con discapacidad, debido a que la ley al respecto que se tramita en el Congreso contempla que se puedan revisar todas las causas ya resueltas antes de la entrada en vigor de la nueva norma.
Así lo afirmaron un comunicado la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente.
Estas entidades señalaron que “sin entrar a valorar el acierto o desacierto” de algunos aspectos de la ley que se tramita en el Congreso, les preocupa lo establecido en las “disposiciones transitorias” de este proyecto legislativo.
Los jueces destacaron que la ley que se tramita contempla que se pueda aplicar “a los procedimientos judiciales relativos a la capacidad de las personas que ya estén en trámite”. También recoge que puedan revisarse según la nueva norma “la totalidad de medidas que hasta ese momento se hayan adoptado judicialmente en relación a la capacidad de las personas”.
“MILES” DE CASOS
“Estamos hablando, en el mejor de los casos, de decenas de miles de medidas que podrían volver a los juzgados. Ello se hace sin dotación presupuestaria alguna ni previsión de creación de órganos judiciales que permita absorber la avalancha de asuntos que los juzgados, la mayoría de ellos sin especializar en la materia, van a recibir”, dicen al respecto los jueces.
Para los jueces, esto llevaría “a una sobrecarga de dichos juzgados, con el consiguiente retraso en la tramitación de los asuntos, muchos de ellos particularmente sensibles”. “En concreto, se verán perjudicadas justo aquellas personas con discapacidad a las que precisamente la ley trata de apoyar, al enterrar sus asuntos en órganos judiciales insuficientes y sin apoyos ni medios bastantes”.
Por este motivo, estas asociaciones de magistrados confían en que este “grave error” pueda corregirse en la tramitación parlamentaria de la ley sobre capacidad jurídica de personas con discapacidad.
