Los centros de discapacidad gastan miles de euros en equipos de protección porque las CCAA no se los envían

Fecha

15/04/2020

Medio

Público

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Las organizaciones de atención a la discapacidad se sienten olvidadas en la batalla contra la covid-19, como si un colectivo formado por unos cuatro millones de personas (en torno al 9% de la población española) no estuviera sufriendo el embate del virus, como si en sus residencias no hubiera cientos de contagiados.

Plena Inclusión, con cerca de un millar de centros en los que residen 17.000 personas con discapacidad intelectual, ha registrado un centenar de muertes y ha gastado ya más de un millón de euros en un material de protección vital que no les han proporcionado las comunidades autónomas. “Es como si no existiéramos”, dice Oscar Moral del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Se ha hablado mucho en el último mes de la gravísima situación que atraviesan a causa de la covid-19 muchas residencias de personas mayores, población de máximo riesgo. Este miércoles mismo se hizo público que han muerto más de 10.600 en toda España. Pero apenas se ha mencionado el estado de los otros centros residenciales que permanecen abiertos en nuestro país, los que acogen a las personas con discapacidad.

Sólo alguna comunidad autónoma como Galicia ha ofrecido datos desagregados sobre contagiados y fallecidos en las residencias de discapacidad. Por eso, se desconoce con exactitud el alcance de la pandemia en este sector. Pero sí se sabe que la lucha contra el coronavirus en muchos de esos centros ha sido, y continúa siendo, a cara de perro.

Plena Inclusión gestiona más del 70% de los centros residenciales de discapacidad intelectual de toda España. En ellos viven 17.000 personas y trabajan unos 5.000 empleados. Y de sus centros sí tiene datos: ha fallecido un centenar de personas a causa de la covid-19 y se han contagiado en torno a un millar, la mitad residentes y la otra trabajadores, con un mayor impacto en las residencias de Catalunya, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y algunas de Andalucía. Un panorama, sin duda, difícil de gestionar, sobre todo cuando, según su director nacional, Enrique Galván, disponen de pocos medios de protección, esenciales para prevenir nuevos contagios.

Esta organización ha tenido que gastar ya más de un millón de euros en adquirir los equipos de protección individual (EPI) para sus trabajadores y residentes, porque apenas ha recibido material de las comunidades autónomas con las que tiene conveniadas las plazas residenciales como una red pública de servicios sociales, a pesar de que ha pasado un mes desde el comienzo del Estado de Alarma. “Nos estamos descapitalizando para proteger a las personas -asegura Galván-, pagando al contado los equipos de protección que compramos en el mercado. Y para hacer obras en los centros para reorganizar los espacios en función de las personas contagiadas, y para impartir cursos formativos a los trabajadores sobre cómo hay que afrontar todo este tema”.

Una empleada de una residencia de Plena Inclusión con su equipo de protección individual (EPI).
Una empleada de una residencia de Plena Inclusión con su equipo de protección individual (EPI).

A la falta de medios de protección se suman las bajas de trabajadores contagiados, que con el paso de los días, las semanas, hace cada vez más difícil la reposición y aumenta el estrés del resto de la plantilla que permanece en sus puestos en los centros.  “Nuestro personal está haciendo un esfuerzo tremendo, dando una muestra extraordinaria de su gran fortaleza en unas circunstancias muy difíciles, pero a medida que pasa el tiempo, crece el cansancio y también las dificultades de reponer las bajas”, se lamente el director de Plena Inclusión.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad tiene esa misma sensación de olvido, de falta de visibilización pública de los problemas que sufre su sector a causa de esta pandemia. El presidente del CERMI en la Comunidad de Madrid y asesor jurídico de la organización estatal, Oscar Moral, dice sentir  “cierto desasosiego e inseguridad” por las escasas menciones de las autoridades y administraciones a la situación de este colectivo, pese a que en algunas residencias se han llegado a vivir momentos “dramáticos, al límite”.

El CERMI también denuncia la falta de material de protección con la que están trabajando los centros residenciales de discapacidad, que, pese a estar financiados por la Administración pública, han debido recurrir al mercado privado para comprar los EPI e incluso a donaciones de particulares para poder proteger a sus empleados y residentes. Y, además, se lamenta de la escasez de test con los que cuentan para conocer la realidad vírica de cada residencia y afrontarla con medidas de seguridad más ajustadas, una carencia que, según Moral, obligó a varios centros de Madrid a pagar entre 140 y 180 euros por cada prueba de covid-19 que adquirieron en el sector privado.

Las residencias, subraya este portavoz del CERMI, no son centros sanitarios, pero son el domicilio, el hogar de miles de personas con discapacidad en cada de uno de los cuales se deben de tomar todas medidas para evitar la propagación del contagio. Por eso, a su juicio, esos centros también deben ser medicalizados y disponer de una atención sanitaria reforzada si se detectan positivos de covid-19, con una redistribución adecuada de los residentes.

El Gobierno declaró servicios esenciales estos centros

Todo esto sigue ocurriendo después de que el Gobierno, a instancias del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, aprobase el pasado 23 de marzo una orden en la que se declaran las residencias de personas con discapacidad como “servicios sociales esenciales”. Eso significa que estos centros residenciales pasan a considerarse como espacios sanitarios a los que, por tanto, se deben suministrar de forma prioritaria los equipos de protección EPI, según un portavoz del ministerio. “Estamos convencidos de que las comunidades autónomas –que son las que tienen las competencias en esta materia- harán todo lo posible para que estas medidas de protección lleguen a las residencias para personas con discapacidad intelectual”, ha añadido.

En la orden del Gobierno se explica que “el rápido avance de la enfermedad, la especial vulnerabilidad de las personas mayores, las personas con discapacidad u otros usuarios de centros residenciales y centros sociales con internamiento ante la infección covid-19, y la necesidad de disponer de recursos para la atención de los mismos, obliga a adoptar nuevas medidas dirigidas a reducir el riesgo de contagio y garantizar la posibilidad de utilización de todos los recursos disponibles para la atención social y sanitaria de estos colectivos”.

Lo cierto es que todo este asunto ha llegado ya a oídos de organismos internacionales. En una conferencia telemática, CERMI trasladó la semana pasada a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la situación de la discapacidad en España a causa de la pandemia, un foro en el que habló de un “impacto desproporcionado” sobre este colectivo y sus familias, tanto en los centros residenciales como en la atención sanitaria y la educación. En el ámbito sanitario, esta organización ha denunciado presuntos casos de discriminación en el tratamiento dispensado a personas hospitalizadas a quienes se pudo desestimar su ingreso en la UCI por tener una discapacidad intelectual.  “Vamos a seguir muy atentos con todo eso. La discapacidad no puede ser un condicionante en ningún caso”, recalca Oscar Moral. “Es un tema de derechos humanos básico”, subraya el responsable de Inclusión Social, que avisa que su organización va a estar también  “muy vigilante”.

El Comité de Bioética de Andalucía no responde

Las organizaciones de discapacidad de toda España se han dirigido a las autoridades sanitarias para exigir un trato igualitario, pero algunas aún no han obtenido respuesta alguna. Es el caso de CERMI Andalucía, que envió a principios de este mes un escrito al Comité de Bioética de esa comunidad, adscrito a la Consejería de Salud y Familias de la Junta, en el que le solicitaba un pronunciamiento público en contra de cualquier tipo de discriminación por razón de edad o discapacidad en la atención médica durante la gestión sanitaria de la pandemia.

“La vida de las personas con discapacidad o mayores no vale menos que la de las demás personas, y ha de ser tratada y atendida con arreglo a criterios de respeto, no discriminación y equidad en todo momento. Lo otro es selección social y evoca los peores y más repugnantes momentos de la humanidad”, señalaba CERMI en su carta que el Comité de Bioética adscrito a la Junta de Andalucía aún no se ha dignado a responder.

En el ámbito de la educación, Plena Inclusión también ha hecho una llamada de atención, al denunciar que el alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo se ha convertido, con el cierre de los centros escolares, en un “grupo especialmente vulnerable” debido a las dificultades que tienen para seguir desde sus casas los contenidos que se están facilitando a través de Internet.

Según esta organización, una buena parte de los 68.947 alumnos y alumnas con esta discapacidad que, según datos del Ministerio de Educación, hay en España, se hallan desconectados desde que comenzó el confinamiento de la actividad académica, debido, por una parte, a que sufren en mayor grado la brecha económica y digital en sus familias, y, por otro, sus dificultades cognitivas de accesibilidad.

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