Las personas con discapacidad intelectual reclaman la figura del ‘facilitador’ cuando afrontan un proceso judicial

Fecha

30/06/2019

Medio

Servimedia

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La asesora jurídica de Plena Inclusión, Inés de Araoz, defendió la necesidad de contar con la figura de “un facilitador” en todos aquellos procesos judiciales donde se vean involucradas personas con discapacidad intelectual, “a fin de garantizar que estas acceden a la justicia en igualdad de condiciones”.

Araoz realizó estas declaraciones durante un encuentro sobre justicia y discapacidad organizado por Plena Inclusión y la agencia de noticias Servimedia. Según dijo, estos profesionales han de combinar “formación específica en derecho procesal, psicología forense y discapacidad intelectual”, y su labor es ayudar a estas personas y a los operadores jurídicos durante todo el proceso.

Manifestó que las experiencias que han tenido “hasta la fecha han sido muy positivas” y subrayó su utilidad “en la obtención de testimonios, a la hora de conseguir que estas personas entiendan el proceso judicial y sus consecuencias”. Asimismo, afirmó que en los casos de víctimas con discapacidad, los sobreseimientos por falta de pruebas se reducen de forma muy significativa cuando ellos intervienen.

En el encuentro participó también Jordá Vives, una persona con discapacidad intelectual que es formador de Plena Inclusión y visita colegios de Abogados y otros organismos para ofrecer charlas formativas y de sensibilización sobre este asunto.

Durante el debate recordó su propia experiencia con la justicia. “Hace años yo pasé por un proceso judicial y fue muy complicado. No entendía nada”. Por eso, pide a los jueces “y operadores jurídicos que si han de tratar con una persona con discapacidad le den todos los apoyos que necesita”. En su opinión, “cada vez hay más interés y más sensibilidad” hacia este tema. “Se han dado muchos pasitos, muy importantes”.

La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 13 la igualdad en el acceso a la justicia y, según explicó Araoz, “esto requiere dos medidas: por un lado, la debida formación y sensibilización de los operadores jurídicos, y por otro la aplicación de los ajustes de procedimiento razonable”.

“Se trata de adaptaciones, de flexibilizaciones en los procedimientos para que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones, ya sea como víctimas, agresores, testigos o jurados”, resaltó.

FORMACION

La fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Avelina Alía defendió la necesidad de estos ajustes, imprescindibles “para que el derecho de todas las personas a una tutela judicial efectiva sea real”.

En esta línea, se mostró favorable a incorporar en los juzgados la figura del facilitador (hasta hora los proporcionan las asociaciones) y propuso “contar con una persona de referencia en cada comisaría, en las fiscalías y en los juzgados especializada en discapacidad, para que todo el mundo sepa dónde acudir.

Aseguró que es deber de los fiscales velar por los derechos de este colectivo, y se refirió en concreto al derecho a la información. “No puede ser” que haya personas con discapacidad que se enfrenten a un proceso judicial que “desconozcan quiénes son esos que están ahí”. Indicó que algunos “no saben qué rol desempeñan ni el abogado, ni el fiscal…”.

“Hemos visto incluso a algunas personas que pensaban que iban al médico. De ahí también la necesidad de una formación adecuada sobre discapacidad, que no ha de limitarse solo a los fiscales y a los jueces, sino a todos los operadores: abogados, policías, secretarios, etc.”, insisticó Por su parte, el vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Foro Justicia y Discapacidad, Juan Manuel Fernández, destacó el convenio de colaboración con Plena Inclusión para adaptar a lectura fácil las sentencias y los trámites de procedimiento, a fin de hacerlos accesibles a las personas con discapacidad intelectual. “Es muy importante que entiendan a qué se enfrentan, cómo se va a desarrollar el proceso, cuáles son las consecuencias de todo ello”.

Fernández afirmó que se ha avanzado mucho en la protección de las víctimas con discapacidad, aunque “todavía queda por hacer”. En concreto, admitió que a veces no se detecta que un acusado tiene discapacidad, “a veces por la misma celeridad de los procesos”, con lo que no se le prestan las adaptaciones que necesita. El 49% de los condenados con discapacidad intelectual nunca fueron detectados como tales, según un informe de Plena Inclusión.

Por otro lado, “están quienes tienen discapacidad y son condenados”, prosiguió, ya que se entiende que esta circunstancia no ha afectado a su capacidad de obrar. No obstante, la discapacidad debe ser tenida en cuenta a la hora de cumplir su condena, pues según la Constitución española las penas deben orientarse a la reinserción social, concluyó.

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