Las personas con discapacidad que precisen de apoyos humanos y materiales, incluidos los tecnológicos, para la toma de decisiones en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, recibirán los mismos siempre en formatos, canales y soportes accesibles para que la decisión que adopten en su calidad de pacientes sea libre, voluntaria, madura e informada.
Así lo establece una nueva disposición adicional única sobre apoyos a las personas con discapacidad para la toma de decisiones, incorporada al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, cuyo informe de ponencia aprobó este martes la Comisión de Igualdad del Congreso.
Este precepto, que reconoce y extiende el derecho a recibir apoyos para las personas con discapacidad que los necesiten para la toma de decisiones, se ha incluido a propuesta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que planteó esta propuesta de enmienda, ahora recogida, a los distintos grupos parlamentarios.
Esta disposición adicional tenía como propósito dar cumplimiento al mandato contenido en Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, que instaba al Gobierno a regular la provisión de apoyos para las personas con discapacidad en el ámbito de la Ley de salud sexual y reproductiva.
Además de esta cuestión, el texto aprobado hoy por la Comisión de Igualdad del Congreso, también a sugerencia del Cermi, ha asumido otras previsiones en relación con el refuerzo de la accesibilidad de los entornos, servicios y procesos relacionados con esta esfera concreta de la salud.
